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Nacionales

Partidos buscan que condenados por lavado puedan ser financistas


La propuesta también busca que los sujetos de extinción de dominio puedan dar aportes.

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Con las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), se prohibió a los partidos políticos recibir cualquier contribución proveniente de personas condenadas por delitos contra la administración pública, lavado de dinero y otros relacionados; tampoco se permite como financista político a quienes hayan estado sujetos a procesos de extinción de dominio. No obstante, seis organizaciones políticas proponen cambiar esta norma, así como otros artículos que regulan las finanzas de los partidos.

El planteamiento fue diseñado por los partidos Avanza, Bien, FCN-Nación, Fuerza, Valor y Vamos. Este fue entregado a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), la cual iniciará reuniones el próximo 17 de enero para discutir posibles cambios a la LEPP. La CAME es coordinada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y recibió 78 propuestas de reformas.

La propuesta busca reformar el Artículo 21 Ter, para que la prohibición de financiar a organizaciones políticas aplique solo para los condenados y personas cuyos bienes han sufrido procesos de extinción de dominio “durante los últimos diez años”.

Si el Congreso lo aprueba, en las Elecciones Generales de 2023 los partidos estarán autorizados para recibir aportes dinerarios y especie de quienes hayan sido condenados antes de 2013.

La justificación

“Una condena no puede ser para toda la vida”, indicó Elmer Palencia, fiscal del partido Valor, al explicar la propuesta. Agregó que debido a los cambios que ha tenido el Código Penal, en los próximos años podría haber más personas condenadas por este tipo de delitos y reprochó al TSE que en las pasadas Elecciones no se les entregó a los partidos el listado de exclusión de financistas que ordena la Ley Electoral.

El dictamen 4528-2015 de la CC señala que la prohibición para que los condenados por lavado de dinero y extinción de dominio sean financistas posee coherencia con la transparencia del financiamiento, pues una persona que ha sido condenada por los delitos relacionados, o que sus bienes han sido objeto de extinción de dominio, se le han reprochado conductas antijurídicas y “no resulta adecuado que puedan realizar aportaciones”.

Fallo podría limitar investigaciones

En el fallo emitido el pasado 26 de diciembre, la CC benefició a cuatro diputados de la UNE señalados de financiamiento electoral no registrado. En la resolución indicó que la FECI solo podía iniciar la acción penal con base en auditorías del TSE; sin embargo, este no pudo identificar anomalías. El caso contra la UNE se derivó de la investigación llamada Traficantes de Influencias.

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