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Nacionales

Mingob cumple tres años sin implementar Ley de Control Telemático


La normativa que pretendía reducir el hacinamiento en las cárceles del país, no puede ser aplicada por la falta de brazaletes electrónicos.

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Tres años después de que más de cien diputados aprobaran la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, el Ministerio de Gobernación (Mingob) todavía no realiza las gestiones y contrataciones necesarias para garantizar que los sindicados en casos penales no se evadan del proceso.

En noviembre de 2016, los diputados decidieron que una de las medidas para reducir el hacinamiento en los centros de privación de libertad era que los procesados pudieran utilizar tobilleras o brazaletes electrónicos, para que su ubicación estuviera monitoreada.

La normativa contempla que se debe priorizar la asignación de brazaletes electrónicos a las personas mayores de 65 años, mujeres gestantes, personas con enfermedades graves o terminales, personas con discapacidad, padres o madres que sean cabeza de familia y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Sin embargo, en tres años, el Mingob intentó solo una vez adquirir el “servicio de arrendamiento para la implementación del control telemático”, pero después de siete meses con el concurso de licitación activo, las autoridades de la cartera del Interior decidieron finalizarlo.

En mayo de 2018, el viceministro Manuel Alfonso Castellanos y el ministro Enrique Degenhart decidieron prescindir de la negociación para arrendar los 5 mil dispositivos de control telemático por 36 meses.

El Director de Informática del Mingob recomendó anular las negociaciones porque en el lugar donde iba a funcionar el centro de monitoreo funcionaría una prisión, y al habilitarla, la cartera del Interior estaba obligada a instalar bloqueadores de señal, lo cual afectaría también al lugar desde donde se pretendía monitorear el comportamiento de los dispositivos de control telemático. Al final, ninguno de los dos proyectos se implementó.

El último intento del Mingob por aplicar dicha ley fue en enero pasado, cuando realizaron reformas al Reglamento Interno para la Implementación del Control Telemático, entonces modificaron el Artículo 7 –referente a los casos de excepción–, con lo cual delegaron la responsabilidad del pago por uso de dispositivos a la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC).

El artículo, modificado a principios de 2019, señala que la PNC debe hacerse cargo, si el sindicado no cuenta con la capacidad de pagar el costo por uso del dispositivo.

Hacinamiento penitenciario

Los datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) revelan que bajo custodia de la institución se encuentran 25 mil 318 privados de libertad, por lo que la capacidad total –6 mil 800 espacios– se encuentra sobrepasada.

El hacinamiento en los centros de privación de libertad corresponde al 372 por ciento de la capacidad del SP, lo que quiere decir que en el espacio en el que debería estar un reo, se encuentran tres o cuatro.

Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Guatemala cuenta con los centros de detención más sobrepoblados en Latinoamérica, por lo cual en los informes sobre hacinamiento penitenciario han recomendado agilizar la implementación de la Ley de Control Telemático.

Por su parte, el analista Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), aseguró que es importante que se aplique esta normativa para reducir los índices de hacinamiento, pero que la misma no sería la solución del problema, ya que se deben realizar gestiones integrales, como un censo de privados de libertad para determinar quiénes ya cumplieron su condena y continúan guardando prisión.

Asimismo, Celada señaló que no descarta que el retraso en la adjudicación de los proyectos se deba a un interés oculto por parte de las autoridades de Gobernación y los contratistas del Estado.

Festejos en prisión

En varias cárceles del país se prevé la celebración de festejos navideños. En años anteriores se ha permitido el ingreso de comidas, bebidas alcohólicas y equipos de sonido. También se permite que familiares de los reclusos pasen la noche en los centros penales. El vocero de Presidios no respondió las llamadas para confirmar si las actividades de esta época fueron autorizadas.

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