Tras 20 días en prisión, los ocho señalados por el asesinato de los tres marinos del Ejército, en la aldea Semuy II, de El Estor, Izabal, están citados para comparecer en audiencia de primera declaración, ante el Juzgado de Mayor Riesgo E, a cargo de Eva Recinos.

Los detenidos, en su mayoría vecinos de la aldea bajo Estado de Sitio, fueron detenidos el pasado 13 de noviembre. Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que los capturaron los trasladaron a un juzgado en Puerto Barrios, pero el juez no quiso recibirlos. Finalmente, fue en el Juzgado de Paz de Los Amates, en Izabal, donde se les hizo saber el motivo de su aprehensión.

El caso fue trasladado a un juzgado de alto impacto a petición del Ministerio Público (MP), por el riesgo que conlleva, informó la Fiscalía contra la Narcoactividad.

Las tres mujeres han permanecido en el centro de detención preventiva para mujeres Santa Teresa, mientras que los hombres están recluidos en el Preventivo para Hombres, ambos en la zona 18 capitalina.

Los vecinos de Semuy II fueron detenidos bajo cargos de atentado con agravación específica, asociación ilegal de gente armada y asesinato en grado de tentativa. De los ocho, a Oliverio Coy Choc, de 35 años, se le sindica por asesinato. Hay no menos de tres prófugos, según la fiscalía.

El MP informó que los soldados llegaron a la comunidad el 3 de septiembre, en busca de pistas clandestinas o una avioneta. La población, inconforme con la presencia militar, habría disparado contra el contingente.

3 personas podrían estar pendientes de captura, según el MP.

Plazos incumplidos

El penalista Carlos Bezares recuerda que la prisión provisional es un abuso porque no existe en ley.

En resolución de la CC quedó plasmado que en las primeras seis horas posteriores a su captura, a la persona se le debe comunicar por qué fue detenida; esto lo puede hacer un juez de Paz.

Las otras 18 horas son para que se dicte auto de procesamiento y medida de coerción, añade. Ahora bien, en los casos de tramitación compleja, expone Bezares, es imposible que se cumplan los plazos, debido a la saturación de las agendas judiciales.