Mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no emita un nuevo fallo sobre la demanda de nulidad entablada por el Estado contra el usufructo que el Gobierno dio en 2012 a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) —ahora APM Terminals Quetzal—, esta continuará con sus operaciones. En los próximos 15 días contados a partir de hoy, la Cámara Civil de la CSJ está obligada a razonar sobre los daños y perjuicios, así como la restitución de bienes dentro del caso contencioso de la terminal portuaria.

La nueva resolución fue ordenada la semana pasada por la Corte de Constitucionalidad (CC) después de varias acciones legales presentadas por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y los abogados de APM.

Los contratos, de usufructo y de funcionamiento, firmados por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y los anteriores dueños de la terminal quedaron anulados en 2017 por decisión de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, pero un año más tarde esa decisión fue revertida por la Corte Suprema.

La semana pasada, la CC dejó sin efecto el fallo de la CSJ al señalar que esta “incurrió en indebida fundamentación de la sentencia, pues dejó de examinar de manera adecuada las constancias que se presentaron en la controversia”, se lee en la resolución notificada el viernes.

A la espera

A criterio de Víctor Taracena, jefe de lo Contencioso Administrativo de la PGN, al retornar el expediente a la Corte Suprema, esta decidirá si ordena a la Sala Quinta ampliar la resolución inicial, o emitir una nueva. Taracena indicó que cuando exista un fallo definitivo, se conocerá si TCQ debe detener sus operaciones, y si los bienes y maquinaria se reparten entre las empresas demandadas y el Estado de Guatemala, lo cual fue solicitado por ambas partes, pero la CSJ aún no se pronuncia al respecto.

La empresa APM Terminals respondió a elPeriódico, por medio de una agencia de Relaciones Públicas, que continuarán operaciones; y que el arbitraje contra el Estado de Guatemala anunciado en 2018 se mantiene en suspenso.