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Nacionales

La CC aclara que no ordenó prolongación de funciones


Los magistrados de CSJ y Apelaciones no pueden abandonar el cargo hasta que haya sustitutos; así lo plasma la ley, expuso la alta corte.

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Ante diferentes ideas que se tejían en la opinión pública sobre el concepto de prolongación de funciones, la Corte de Constitucionalidad (CC) salió a aclarar el asidero legal bajo el que se legitima a las cortes de justicia, cuyo mandato venció el pasado 13 de octubre.

La CC tomó parte en el tema, a partir de la solicitud de opinión consultiva requerida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando estaba por vencer su periodo de funciones y sin que hubiera sucesores electos por el Congreso. 

El secretario de la alta corte, Martín Guzmán, expuso el contexto en el que se emitió la consulta y señaló que no es una orden, pero que sí les indica la ruta a seguir para no abandonar los cargos. Precisamente, “basado en el Artículo 71 de la ley del Organismo Judicial, los actuales magistrados no pueden ni deben abandonar el cargo hasta que sus sucesores hayan sido legítimamente electos”, expuso Guzmán.

“Es la ley la que le ordena que no abandone el cargo”, precisó el secretario.

Otra de las dudas sobre la legitimidad de los magistrados, gira en torno al Artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial, que entre otros establece que el funcionario pierde su calidad con el vencimiento del plazo del mandato. 

Dicho artículo, rige en condiciones “normales”, según el análisis de la corte, expresó Guzmán.

El proceso de elección de magistrados de Salas de Apelaciones y CSJ quedó detenido en septiembre pasado, ante dos vicios denunciados en amparos del magistrado Noé Ventura Loyo y la Fundación Myrna Mack. 

Los amparistas denunciaron que la conformación de la postuladora para CSJ presentó un vicio, por la elección de representantes de magistrados de Apelaciones, vía planilla única, sin respetar la representación de minorías. Este aspecto ya fue subsanado.

Las evaluaciones son mandato legal

El segundo, consiste en que las evaluaciones de postulantes debían hacerse no solo con base en la tabla de gradación, sino a las evaluaciones que el Consejo de la Carrera debe efectuar por mandato de la ley. El Consejo ha manifestado que cumplir con la tarea le tomaría, como mínimo, un año. 

En ese sentido, Guzmán también puntualizó que las evaluaciones deben hacerse no por una disposición de la corte, en apelación de los amparos de Loyo y Mack, sino porque así lo establece la ley.

En manos de los juzgados

En cuanto a la continuidad del proceso de postulación de magistrados, Guzmán manifestó que no le corresponde a la CC, en este momento, pronunciarse. Son los juzgados civiles que conocen los amparos de Mack y Loyo, los que deben emitir sus sentencias o bien resolver las peticiones de debida ejecución. A partir las respuestas que den los juzgados, la CC podría conocer nuevamente, si se recurre vía apelación, añadió el Secretario.

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