El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, Eduardo Cojulún, ligó a proceso penal por testaferrato a Mynor Enrique Lobos Agustín, porque supuestamente fungió como representante de la empresa que vendió el edificio ubicado en la zona 5 al Ministerio Público (MP).

Lobos Agustín fue representante de la sociedad anónima Bertram, a quien el MP adjudicó la compra por Q35 millones. No obstante, según la Fiscalía de Asuntos Internos, el acusado únicamente firmaba los documentos para la negociación.

Todas las gestiones administrativas por medio de las cuales el MP y Bertram realizaron la negociación fueron hechas a nombre de Lobos Agustín. El sindicado también habría requerido a la corredora inmobiliaria, Teresa Leitón, la intermediación en la compra del inmueble. A ella, el juez Cojulún le dictó falta de mérito.

Cojulún decidió que Lobos Agustín debía permanecer en prisión porque corría el riesgo de interferir en la investigación por su cercanía con una de las personas que se encontraba prófuga, aunque no quiso especificar si se refería a la exfiscal general Thelma Aldana o el negociador William Balz Gallardo.

Además, el juez concedió a la fiscalía dos meses para presentar los resultados de la investigación en contra de Lobos Agustín.