El 7 de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó a 680 inmigrantes durante redadas realizadas en siete fábricas en el estado de Mississippi; de ellos, 295 son guatemaltecos. Dos meses y medio después, Cancillería dio a conocer que la mayoría de personas aún se encuentra en territorio estadounidense.

Según la Cancillería guatemalteca, solo 75 firmaron su deportación inmediata, el resto enfrenta procesos penales y migratorios ante jueces porque abogaron por su permanencia en EE. UU. Los consulados que asesoran a algunas personas son los de Atlanta y Miami, sin embargo, las iglesias, organizaciones comunitarias y abogados pro bono son los que más los apoyan en su proceso de solicitud para quedarse en el país norteamericano.

Este tipo de organizaciones no solo ha dado apoyo legal a las familias afectadas, sino que también ha brindado soporte moral, emocional y económico a las personas que esperan por una respuesta de migración.

La redada de agosto es considerada el operativo más grande realizado por el ICE en su historia.

Enviados a una isla

Mientras cientos de guatemaltecos luchan en Mississippi por su permanencia en EE. UU., la Radio Pública de Hawái, una isla que es parte de Estados Unidos, reportó que alrededor de 40 familias de Guatemala, Honduras y El Salvador han sido enviadas a ese estado.

Según indicó ese medio, se conocen casos de personas que han recibido un boleto de avión para Hawái y una cita para comparecer ante un tribunal de inmigración de Honolulu y presentar su solicitud de asilo.

Las investigaciones que han hecho universidades estatales de la isla advierten que los centroamericanos viven en condiciones vulnerables y la mayoría presenta problemas para comunicarse porque no hablan inglés.

Se consultó a Cancillería si la embajada de Guatemala en EE. UU. conoce sobre esta situación; sin embargo, dijeron desconocer detalles del traslado a esa isla.

Reconoce presiones a Centroamérica

Mick Mulvaney, jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, dijo el pasado 17 de octubre que el gobierno de Donald Trump decidió congelar los fondos de cooperación como una medida de presión para Guatemala, Honduras y El Salvador. Según el funcionario, esto se hizo para que los tres países aceptarán compromisos que ayudarán a EE. UU. a reducir el flujo migratorio.