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Nacionales

Seis partidos iniciarán la última etapa del proceso de cancelación


De llegar a ser anuladas las organizaciones políticas, 35 diputados electos quedarían sin representación en el Congreso el próximo año

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El próximo 31 de octubre terminará oficialmente el actual proceso de Elecciones Generales, según anunció ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el Decreto 6-2019 publicado en el Diario de Centro América.

Tras la finalización de los comicios se acerca la fecha en que las organizaciones deben rendir su informe final sobre sus gastos de campaña electoral, pero también el Tribunal retomará el proceso de anulación de seis partidos, iniciado desde finales de 2018 y que estaba detenido por la celebración de las votaciones.

Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, indicó que los partidos a los que ya se les corrió audiencia y que entrarán a la “etapa de cancelación” son el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN); Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Visión con Valores (Viva) y Encuentro por Guatemala (EG). Este último, además, será cancelado porque no alcanzó los votos suficientes que requiere la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

De acuerdo con los hallazgos del TSE, los partidos no reportaron la totalidad del financiamiento que recibieron en los comicios de 2015 y además hubo irregularidades en la presentación de las declaraciones juradas. Si estas organizaciones llegan a ser canceladas, 35 diputados electos para la próxima legislatura se quedarían sin partido y, en consecuencia, ninguno de ellos podría integrar la Junta Directiva y presidir comisiones de trabajo.

Otros ocho partidos políticos también serán cancelados por no haber alcanzado al menos el dos por ciento del total de votos válidos en las Elecciones, y por no contar con el mínimo de representación partidaria.

Juego político

A criterio del politólogo Renzo Rosal, el panorama político para los próximos meses podría “salvar” a los partidos con señalamientos. Primero porque, si la anulación se concreta, muchos de los diputados se quedarían sin privilegios; lo cual se conjuga con un grupo de al menos cuatro magistrados electorales que buscan reelegirse.

El nuevo periodo de los togados del TSE iniciará el 19 de marzo de 2020, y quien elige a los cinco titulares e igual número de suplentes es el Congreso.

Rosal señaló que este grupo de magistrados podría influir en la decisión del RC para no cancelar a los partidos, “buscan desgastarse lo menos posible y también quieren quedar bien con Dios y con el diablo”, cuestionó.

El presidente del Tribunal, Julio Solórzano, no atendió las llamadas hechas para consultarlo sobre el proceso de cancelación y la elección de la nueva magistratura.

Instalarán comisión

El TSE también publicó ayer un acuerdo con el cual anunció la instalación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que iniciará su trabajo en un mes.

Según la Ley Electoral, el objetivo de esta instancia es evaluar el proceso electoral, y de ser necesario presentar propuestas de reformas a dicha legislación. La Comisión será dirigida por un magistrado del Tribunal y en esta participarán los partidos, así como la sociedad civil.

Según el Acuerdo 625-2019, las propuestas de reforma a la Ley Electoral que se obtengan de la CAME servirán como base para que el TSE considere elaborar una iniciativa de ley, la cual debe ser presentada al Congreso para que esta la conozca antes de finalizar el primer periodo ordinario de la nueva legislatura, es decir antes de mayo de 2020.

Informes de campaña

Con las nuevas reformas a la LEPP, los partidos tienen como fecha límite para entregar sus informes finales de campaña (Infocam), a finales de abril de 2020. Según el jefe de la Unidad de Fiscalización del TSE, Giovanni Rodríguez, la mayoría de organizaciones políticas no trasladó sus informes (GR-PRI) completos durante el desarrollo del proceso electoral. Principalmente, hubo gastos no registrados, así como erogaciones de campaña que se identificaron como gastos permanentes.

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