El juez Undécimo de Primera Instancia, José Eduardo Cojulún, ligó a proceso penal a las tres extrabajadoras del Ministerio Público (MP) por supuestas irregularidades en la compra de un edificio en la zona 5.

Según Cojulún, no existían indicios de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad o apropiación indebida de tributos, pero que sí era necesario que se investigara la posible comisión de fraude en la compra del inmueble por Q35 millones.

El juez sustentó su decisión, indicando que la Contraloría General de Cuentas refirió que existió una sobrevaloración de Q3.5 millones en la compra. La estimación del precio consignada en los informes de la Contraloría fue obtenida por medio de un informe realizado por el Departamento de Avalúos Oficiales del Ministerio de Finanzas.

Por la supuesta sobrevaloración, Cojulún decidió que Miriam Salazar Duarte de Lossi, Patricia Guzmán y Diana Benavides fueran ligadas a proceso penal por el delito de fraude.

Además, señaló que “podría haber un posible engaño”, pero que como es la fase inicial del proceso, será el MP el que deba seguir con la investigación para determinar si existe alguna anomalía en la compra.

Lourdes Leyton, de la Fundación Grandiosa, fue beneficiada con falta de mérito porque el juez consideró que la Fiscalía de Asuntos Internos se precipitó al no agotar el procedimiento señalado en el Código Tributario, por lo cual fue dejada en libertad.

ARRESTO DOMICILIARIO

El juez undécimo concedió cuatro meses a la fiscalía para que amplíe la investigación.

Salazar, Guzmán y Benavides fueron beneficiadas con medidas sustitutivas sin el pago de caución económica. Cojulún decidió que no existía peligro de fuga ni riesgo de que interfirieran en la investigación, porque es imposible que puedan destruir los documentos con los que cuenta la fiscalía.

Las tres procesadas no podrán mantener comunicación con los otros siete señalados por la fiscalía en ese caso ni salir del país y deberán firmar el libro de asistencia cada ocho días.

DENUNCIA ERA CONTRA DICABI

El juez undécimo de Primera Instancia, Eduardo Cojulún, señaló que la denuncia que dio origen al caso iba dirigida en contra de la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi), no contra el Ministerio Público, por lo que le pareció extraño que quien interpuso la denuncia –Contraloría General de Cuentas– no fuera querellante en el proceso.