El juez Undécimo de Primera Instancia, José Eduardo Cojulún, ligó a proceso penal a las tres extrabajadoras del Ministerio Público (MP) por supuestas irregularidades en la compra de un edificio en la zona 5. Según Cojulún, no existían indicios de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad o apropiación indebida de tributos, pero que sí era necesario que se investigara la posible comisión de fraude en la compra del inmueble por Q35 millones. El juez sustentó su decisión, indicando que la Contraloría General de Cuentas refirió que existió una sobrevaloración de Q3.5 millones en la compra. La estimación del precio consignada en los informes de la Contraloría fue obtenida por medio de un informe realizado por el Departamento de Avalúos Oficiales del Ministerio de Finanzas. Por la supuesta sobrevaloración, Cojulún decidió que Miriam Salazar Duarte de Lossi, Patricia Guzmán y Diana Benavides fueran ligadas a proceso penal por el delito de