La Corte de Constitucionalidad (CC) ha frenado esta tarde a la comisión anti-CICIG creada recientemente por el Congreso de la República, para investigar las actuaciones desarrolladas durante 12 años por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El máximo tribunal de la república ha concedido amparo provisional en el caso concreto del propio Ministerio Público, que al igual que otros ciudadanos e instituciones objetan el funcionamiento del grupo de cinco diputados, por cuanto usurpa funciones del MP para la persecución penal y viola la Constitución.

 La CC dio el 1 de este mes el trámite de ley, por ejemplo, a acciones enderezadas por Acción Ciudadana (AC) y el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, contra esa instancia legislativa que conforman Juan Ramón Lau, Luis Hernández Azmitia, Luis Pedro Álvarez, Manuel Conde Orellana y Aníbal Rojas Espino.

Elegidos por 82 votos en sesión plenaria del 24 de septiembre, comenzaron a escuchar denuncias de personas supuestamente afectadas por las investigaciones de la CICIG y la Fiscalía General, pero Eddie Cux sostiene que incurrieron en abuso de autoridad.

Como presidente de AC él ha reiterado que los legisladores no están facultados constitucional para llevar a cabo esa clase de averiguaciones, ya que la persecución penal es competencia exclusiva del MP. Algunos de los miembros de la sala “investigadora” fueron señalados en anteriores pesquisas sobre delitos.