Idonaldo Fuentes Fuentes, director general del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), emitió un acuerdo para anular los beneficios de seguridad, vehículo y combustible que se recetaron las antiguas autoridades de la institución, quienes enfatizaron que serviría hasta tres años después de que dejaran el cargo.

Fuentes decidió dejar sin efecto el acuerdo firmado por Nery Lucero, durante la administración de Nydia Arévalo, en el que se autorizaba a favor de cinco directores del IDPP la asignación de un vehículo con combustible y dos guardias de seguridad que realizarían turnos de 24 por 24 horas.

Fuentes derogó la disposición porque se indicó que carecía de respaldo de dictámenes de riesgo y financiero. Agregó que sin los dictámenes del Departamento Financiero, de Auditoría Interna y Seguridad del IDPP no se puede “determinar la viabilidad que se otorga a los exfuncionarios”.

El director firmó el 3 de octubre el documento para derogar el acuerdo por medio del cual fueron asignados los beneficios –desde el 30 de julio– a los exdirectores General, Administrativo Financiero, de Coordinaciones Técnico Profesionales, Ejecutivo y de Recursos Humanos, y de Fortalecimiento Institucional.

Los exfuncionarios consideraron que por los “riesgos inherentes a los cargos” que desempeñaron debían contar con seguridad para uso exclusivo del territorio nacional; el cual consistía en un vehículo “en óptimas condiciones de funcionamiento”, combustible –equivalente que les era asignado cuando laboraban en el IDPP– y dos agentes de seguridad.

A pesar que se intentó establecer comunicación con Arévalo, para consultar sobre la anulación de beneficios y la carencia de dictámenes que avalaran la misma, la exdirectora del Instituto no contestó las llamadas ni mensajes.

En comunicación del IDPP, se aseguró que el Instituto cuenta con una camioneta blindada y que la misma fue asignada –junto con personal de seguridad– a Fuentes, actual director general.

PIDE MÁS PRESUPUESTO

El titular del Instituto solicitó al Congreso de la República que el presupuesto fuera ampliado casi en Q60 millones para la creación de 500 plazas para abogados y auxiliares, porque el 90 por ciento de los Q240 millones con los que cuentan actualmente se utiliza para el pago de personal que labora en las 52 sedes del IDPP.