El estudio Políticas públicas, desplazamiento forzado interno y migración: caso Guatemala, de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, señala que el crimen organizado se ha fortalecido en los departamentos de Petén, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Escuintla, Jutiapa, Izabal y Guatemala.

En el caso de la ciudad capital, las zonas donde más migraciones generadas por la violencia se registran son 1, 3, 5, 6, 7, 12 y 18; además de Mixco y Villa Nueva.

Esta situación ha provocado un patrón de movilización de los “narcoterritorios o narco-comunidades” que obliga a la población a esconderse, huir o migrar de su lugar de origen, según el estudio.

El informe detalla que la primera opción de las familias es mudarse con parientes cercanos, pero, de no conseguirlo, se movilizan a zonas más alejadas y finalmente migran hacia México o Estados Unidos.

La investigadora social, Marisol Garcés, afirmó que los grupos criminales amenazan con apropiarse de los territorios que son utilizados para crear rutas de acceso, pistas de aterrizaje clandestinas o zonas para siembra de amapola y marihuana. En algunos casos, los territorios se emplean para centros de operaciones y para el traslado de ilícitos.

El informe señala que el crimen organizado se ha fortalecido en Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango.

INSEGURIDAD

De acuerdo al Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), hasta diciembre de 2018 se contabilizaron 242 mil personas desplazadas por el crimen organizado, asociados con extorsiones, delincuencia, homicidios, narcotráfico y proyectos de desarrollo.

De enero a julio de 2018, se registraron 4 mil 975 denuncias por extorsión, mientras que en el mismo periodo de 2019 se contabilizaron 7 mil 586, lo que corresponde a un crecimiento del 52 por ciento. Asimismo, la tasa de homicidios se mantuvo y solamente se redujo 0.4 por ciento, pues pasó de 22.1 a 21.7 homicidios por cada cien mil habitantes.

Sindy Hernández Bonilla, investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar, explicó que las cifras se mantienen asociadas entre los departamentos con mayores índices de violencia y las zonas de expulsión.

Esto se debe a que el crimen organizado se ubica estratégicamente en zonas fronterizas, centros urbanos y áreas marginales para mantener un control sobre la población y sus dinámicas económicas, sociales y culturales, explicó Hernández.
Control

El Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (Cidehum) manifestó que existe una preocupación por la vinculación de los integrantes del crimen organizado con grupos armados con formación militar. Asimismo, que las autoridades gubernamentales estén siendo controladas, amenazadas y asesinadas por grupos criminales.

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Mil 586 denuncias de extorsión de enero a julio de 2019.