La Sala Segunda de Apelaciones resolvió ayer que el exministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla debía cumplir con los 13 años y nueve meses de cárcel que le impuso el Tribunal Octavo de Sentencia, por el fraude en la adjudicación de contratos para la reparación de patrullas y remozamiento de las estaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

El 17 de mayo pasado el tribunal lo declaró culpable en el fraude por medio de la adjudicación de contratos, en los que Q44.5 millones fueron sustraídos de la PNC.

Según la Sala, López Bonilla es responsable de fraude y peculado por sustracción. La presidente del tribunal, Oly González, dijo que “quedó evidenciado que todos los condenados obtuvieron algún beneficio”; sin embargo, la Sala decidió que cinco acusados fueran favorecidos con la anulación de su condena.

La Sala absolvió a Byron Abelino Ambrocio Borrayo, Rony Monterroso Herrera, Nery García Galiano, María Carmen Chet Patzán y Óscar Haroldo García Quemé. Los magistrados anularon las penas de 17 años y seis meses de prisión a Ambrocio y García Quemé, quienes habían sido declarados culpables de asociación ilícita y fraude; mientras que en contra de Monterroso y Chet queda sin vigencia la pena de seis años por asociación ilícita; al igual que la pena en contra de García Galiano quien tenía que cumplir un año y seis meses por encubrimiento propio.

Otros de los beneficiados fueron Óscar Lisandro Martínez Contreras –le rebajaron la pena de 23 años y seis meses a 11 años y ocho meses–, Carlos Arnulfo Rodríguez Pérez –de 17 años y seis meses a ocho años y nueve meses–, Francisco Manuel Baldizón Barquín –de 23 años y seis meses a 14 años y ocho meses–.

También se redujo la pena a Olga Beatriz González Fuentes, Zoyla Marina España Alvarado, Sandra Isabel Monterroso Herrera, Sonia Elizabeth Prado Sierra.

Asimismo, a José Augusto Alonzo Cantoral y Ricardo Flores Nájera.

PROCESOS PENDIENTES

Mauricio López Bonilla todavía se encuentra pendiente de dilucidar los señalamientos en los casos Cooptación del Estado, Caja de Pandora por el desvío de fondos municipales para actividades de campaña del Partido Unionista, el fraude de Q13 millones por el alquiler de una aplicación digital para el Ministerio de Gobernación y la solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.