La Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite a dos amparos planteados contra la creación de una comisión del Congreso de la República para investigar lo actuado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Las acciones fueron planteadas la semana pasada por representantes de la organización Acción Ciudadana (AC) y el abogado Alfonso Carrillo Marroquín para frenar las acciones de la mesa de trabajo legislativa.

El Departamento de Comunicación de la máxima corte informó que las partes fueron notificadas. El Congreso deberá enviar a los magistrados un informe circunstanciado en un plazo de 48 horas.

De acuerdo con Edie Cux, presidente de AC, los diputados incurrieron en abuso de autoridad, porque no están facultados para realizar este tipo de investigaciones, ya que la persecución penal corresponde únicamente al Ministerio Público (MP). Agregó que están afectando la división de poderes establecida en la Constitución.

AGENDA

El 24 de septiembre pasado, el Congreso aprobó con 82 votos a favor el Acuerdo 2-2019 que creó la Comisión Específica para verificar la gestión de la CICIG. La comitiva quedó integrada por Juan Ramón Lau, quien la preside, Luis Hernández Azmitia, Luis Pedro Álvarez, Manuel Conde Orellana y Aníbal Rojas.

Los congresistas recibirán denuncias de personas que supuestamente fueron afectadas por las investigaciones de la CICIG, que luego serán escuchadas en audiencias públicas. Finalmente, enviarán un informe con conclusiones y recomendaciones el 10 de enero próximo.

Después de conocerse la decisión de la CC, la comisión realizó una conferencia de prensa para informar que solicitaron al MP y al Organismo Judicial (OJ) que designen a representantes para que estén presentes en las audiencias.

Asimismo, enviaron una invitación a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que den acompañamiento como observadores.
INFORME

La fiscal general, Consuelo Porras, informó que ayer recibió el informe del análisis jurídico que la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público y la Fiscalía de Asuntos Constitucionales hizo al acuerdo que creó la Comisión Específica para investigar a la CICIG a fin de determinar su legalidad.