El Estado de Sitio implantado a partir del 4 de septiembre en 22 municipios de seis departamentos del país a raíz del asesinato de tres infantes de Marina en El Estor, Izabal, ha sido prorrogado 30 días más por el gobierno central que además lo aplica a partir del fin de mes anterior en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, los municipios de Sololá enfrentados a causa de disputas de límites territoriales.

Foto: Elías Rodríguez

Las disposiciones están contenidas en los decretos gubernativos números 2-2019 y 3-2019 de la Presidencia con fecha 30 de septiembre, pero conforme a la legislación de la materia el Ejecutivo convoca al Congreso para que en el término de tres días los conozca, ratifique , modifique o impruebe. Además, remite a este último los informes circunstanciados sobre los hechos ocurridos por los cuales se limitan las siguientes garantías constitucionales:

–       Libertad de acción

–       Detención legal

–       Interrogatorio a detenidos o presos

–       Libertad de locomoción

–       Derecho de reunión y manifestación

–       Portación de armas

La aplicación de Ley de Orden Público continúa en:

Izabal

–       Puerto Barrios, cabecera departamental

–       El Estor

–       Lívingston

–       Los Amates

–       Morales

Alta Verapaz

–       Tactic

–       Senahú

–       Tamahú

–       Tucurú

–       Panzós

–       Santa María Cahabón

–       Santa Catalina la Tinta

–       Chahal

–       Fray Bartolomé de las Casas

Baja Verapaz

–       Purulhá

Petén

–       San Luis

Zacapa

–       Gualán

–       Río Hondo

–       Teculután

–       Usumatlán

El Progreso

–       San Agustín Acasaguastlán

–       San Cristóbal Acasaguastlán

Lo de Sololá

En el segundo decreto emitido por Jimmy Morales en Consejo de Ministros se refiere a las circunstancias que motivan a cesar la plena vigencia de determinados derechos garantizados a la población, por lo cual establece el Estado de Sitio en los sololatecos municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, que durante años han permanecido enfrentados por disputas de límites territoriales incluso con saldos de muertos y heridos.

Destaca, por ejemplo, que en esos lugares se han manifestado actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y seguridad del Estado, por las disputas de derechos de posesión y propiedad de la tierra. Expone que la conflictividad en la región pone en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral y patrimonial de los habitantes, por lo que se emiten las disposiciones pertinentes. Los alcaldes pidieron imponerlo.