Luego de la primer reunión que únicamente duró diez minutos, los cinco diputados que analizarán la gestión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante los pasados 12 años, anunciaron que a partir del 7 de octubre recibirán denuncias de personas que supuestamente fueron agraviadas por investigaciones de esa misión de las Naciones Unidas.

Se entregarán en la oficina del tercer secretario del Congreso, Juan Ramón Lau, quien la preside, los formularios a ciudadanos para que documenten los presuntos abusos ocurridos. A partir del 7 de noviembre, llevarán a cabo audiencias públicas para escucharlos. Indicó que el 10 de enero de 2020 deberán elevar al pleno un informe circunstanciado con conclusiones y recomendaciones.

La semana pasada Consuelo Porras, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público (MP), anunció que instruyó al secretario de Política Criminal, Julio Cordón, para que se analice la “procedencia (jurídica) de poder accionar” de dicha comisión parlamentaria. Evaluarán el acuerdo de creación para determinar su legalidad, según el funcionario.

El grupo de “pesquisidores”, aprobado con 82 votos, es integrado también por los legisladores Luis Hernández Azmitia, secretario; Luis Pedro Álvarez, Manuel Conde Orellana y Aníbal Rojas, vocales. Algunos de ellos enfrentan o han enfrentado solicitudes de antejuicio por parte de la Fiscalía y de la ya finiquitada CICIG, previo a haber concluido su mandato el 3 de septiembre en curso.

La organización Acción Ciudadana (AC) presentó el miércoles pasado un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) porque la considera inconstitucional. Lau, exsindicalista del Organismo Judicial, es papá de Juan Ramón Lau López quien el 19 de enero de este año fue capturado en la zona 11 de Mixco, con una pistola –sin licencia de portación– y en un vehículo del OJ.

No obstante, pocas horas después fue puesto en libertad por falta de pruebas ya que, según se dijo en ese entonces, el Ministerio Público (MP) no pudo presentar evidencias de lo afirmado como para ligarlo a proceso. Recientemente el juez de Primera Instancia de Mixco, Edgar Alfredo Campos Salazar –quien aspiraría a una magistratura–, decretó la falta de mérito a favor del joven.