El Ministerio Público (MP) analiza si es legal o no la creación de una Comisión del Congreso que investigará lo hecho por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante los 12 años que operó en el país –hasta el 3 de este mes cuando caducó el mandato ampliable–.

Julio Cordón, secretario de Política Criminal, explicó que se realiza un análisis técnico–jurídico al contenido del acuerdo legislativo aprobado –por 82 diputados–, para determinar la legalidad y constitucionalidad que le dio vida a dicha instancia a través de las Naciones Unidas.

Se trata de indagar si existe alguna institución jerárquica que deba ser informada de esas investigaciones. “El informe será trasladado a la fiscal general para que se ella quien tome la decisión final de la actuación eminentemente jurídica”, afirmó el funcionario.

El Organismo Legislativo publicó hoy en el diario oficial el Acuerdo 12-2019, el cual le da vida a la Comisión con el argumento de que la misión anticorrupción no fue fiscalizada y tampoco supervisada mientras apoyó a la Fiscalía en sus investigaciones.

Juan Ramón Lau la preside e integran Luis Hernández Azmitia, secretario; Luis Pedro Álvarez, Manuel Conde Orellana y Aníbal Rojas, vocales. La primera sesión para definir un cronograma de actividades de aquí a enero será el lunes a las 9:00 horas en el Salón del Pueblo.

Reducir mora fiscal 

En otro tema, el MP anunció haber implementado el Modelo de Gestión Integral de Casos (GIC), con el cual se busca reorganizar a los fiscales para que estudien los expedientes de denuncias ciudadanas e institucionales presentadas desde hace tiempo ante la fiscalía general.

También planeó que otro grupo conocerá las nuevas carpetas que ingresen y así no generar mora de casos. Ese proyecto tuvo financiamiento y apoyo técnico de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, siglas en inglés).