Con 87 votos a favor el Congreso de la República aprobó ayer el Decreto 7-2019 Ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria, que crea un régimen especial para los contribuyentes agropecuarios.

La cuestionada ley se presentó a inicios de 2017 por iniciativa del diputado oficialista Marco Pineda, pero la discusión fue aplazada en el Legislativo. Ayer en la aprobación final 61 diputados estuvieron ausentes y 10 votaron en contra del proyecto que incluye una amnistía fiscal para el sector.

Los diputados aprobaron las enmiendas que presentó la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso al proyecto sin una discusión amplia de las modificaciones. Aunque los integrantes de la comisión se reunieron el lunes pasado con los titulares del Ministerio de Finanzas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), solamente mencionaron las enmiendas, pero no se solicitó de manera oficial un análisis del proyecto.

En el nuevo régimen aplica un tipo impositivo del cinco por ciento sobre ventas brutas a las personas individuales que se dediquen a actividades de producción y comercialización en el sector agropecuario y que reporten ventas anuales menores a Q3 millones.

También crea el régimen electrónico para pequeños contribuyentes agropecuarios que tendrán un tipo impositivo del cuatro por ciento, el que se podrá debitar automáticamente sobre el total de ingresos que se reporte durante el mes anterior.

RECHAZAN BENEFICIOS

El diputado por Creo, Carlos Chavarría, que se opuso a la aprobación, señaló que se incluyó una amnistía para los contribuyentes de este sector que incumplieron sus obligaciones con la SAT y para quienes tienen procesos por rectificaciones en las declaraciones.

“No hay un cálculo de cuánto pierde el Estado con esta aprobación”, agregó Chavarría, al criticar que las enmiendas se manejaron con secretividad y que fueron avaladas por la bancada oficial y sus allegados.

Hace dos semanas la Cámara de Industria de Guatemala y la Cámara de Comercio de Guatemala emitieron un comunicado ante el retorno al pleno de la discusión de la iniciativa 5246 (Decreto 7-2019), por considerar que “propicia privilegios a actividades económicas específicas” al establecer un régimen con tasa reducida y eliminación del Impuesto al Valor Agregado para algunos contribuyentes.

En su cuenta de Twitter, la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, Carla Caballeros, indicó que es: “importante precedente que sienta las bases de la simplificación en la línea de un flat-tax en Guatemala. Los resultados en el largo plazo deberían ser positivos para avanzar en ese sentido. Ampliar la base tributaria es importante en un país en donde el 75 por ciento de la economía es informal”.

AMNISTÍA

Los contribuyentes tendrán seis meses a partir de la vigencia del decreto para regularizar sus obligaciones con la SAT en periodos anteriores a 2013 y que tengan facturas que hayan sido cuestionadas por la administración tributaria.

La SAT deberá facilitar y agilizar los trámites de pago, y se autoriza al Presidente de la República emitir el acuerdo para la exoneración de multas, intereses y recargos que proceda.