A cinco días de que fenezca el plazo legal para que el Congreso tenga la nómina de aspirantes a integrar las cortes de justicia, diversos actores piden a la Corte de Constitucionalidad (CC) que aclare la ruta para retomar el proceso.

Dos aspectos son claros, que el Consejo de la Carrera Judicial debe evaluar a jueces y magistrados y que los magistrados de Apelaciones deben elegir nuevamente a sus 12 representantes ante la postuladora de Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Instituto de Magistrados convocará a una nueva elección el próximo 27 de septiembre, indicó el presidente del Instituto de Magistrados, Wilber Castellanos Venegas. “Nosotros no tenemos dudas, pero esperaremos a que, de aquí al próximo viernes, la CC resuelva recursos como el  planteado por el magistrado Noé Ventura”, agregó.

Ventura pide a la CC que aclare qué entidad es la que debe convocar a la nueva elección y que amplíe a cuatro meses el plazo para que se efectúen las evaluaciones de jueces y magistrados.

La planilla única, defenestrada por la CC, fue cuestionada porque resultó de una negociación de cinco magistrados de Apelaciones, que buscan la reelección o quieren escalar a la CSJ. Los operadores de dicha planilla fueron Gilma Valladares, Mauricio Corado, Jenny Alvarado, Estuardo Castellanos y Zonia Santizo, de acuerdo con los amparos interpuestos por Ventura y la activista Eleonora Muralles.

En opinión de Elvin Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), lo más recomendable es que ninguno de los 12 sea reelecto, porque su participación resultó de un vicio, confirmado  por la sentencia de la alta corte.

Además, considera deseable que ningún comisionado se postule para su reelección, aunque la ley no se los prohíba, pero como un gesto de imparcialidad. En ese punto, coincide Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch. “Nada impide que vuelvan a participar, pero no pueden ser juez y parte, deben elegir: o son comisionados o son aspirantes, para evitar conflicto de interés”, apunta.

DESEMPEÑO CUESTIONADO

Tanto el IECCP, Impunity Watch como el Movimiento Pro Justicia cuestionaron el desempeño de los magistrados durante el proceso de postulación, que lejos de buscar la excelencia en el perfil, pretendía relajar los filtros para los aspirantes a integrar la CSJ.

Por ejemplo, Romeo Monterrosa se opuso a que se exigiera una declaración jurada sobre la defensa sistemática a favor de narcotraficantes o integrantes de estructuras de crimen organizado. Su argumento se basa en la libertad de ejercicio profesional, que esgrime para sí mismo, cuando se cuestiona su rol como defensor de varios señalados por narcotráfico.

Otra de las magistradas comisionadas que cobró relevancia en las sesiones, según Pro Justicia, fue Cathy López. Al conocer que los resultados de las evaluaciones habían dejado fuera a muchos favoritos –  como Mynor Moto y Beyla Estrada de Brito– López promovió que se bajara la nota de 73 puntos para ser elegible en la integración de la nómina de candidatos para la CSJ.