Reformar la Constitución para cambiar el proceso para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones es una de las propuestas para reforzar el sector justicia, según expositores invitados al tercer foro previo al Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade).

El Artículo 215 de la Carta Magna establece que los integrantes de esos dos órganos jurídicos serán electos por el Legislativo para un período de cinco años, de una nómina de 26 candidatos –en el primer caso– propuestos por la comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de cada una de las universidades.

Eduardo Mayora, exdecano de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), estimó que dicho proceso no apunta a seleccionar a los profesionales de acuerdo con sus méritos, trayectoria e independencia, para que las personas más indicadas dirijan la aplicación de las leyes.

Entre sus críticas al actual método está que se pretende renovar la totalidad de los tribunales colegiados, en uno solo, pero en un periodo de tiempo corto que no permite evaluar con detenimiento todos los expedientes, además de que es viable para que estructuras criminales procuren incidir en el mismo.

El jurista comentó que se necesita una carrera judicial a la cual debería ingresarse a través de concurso por oposición, y que cuente con un órgano rector encargado de examinar a los profesionales para que accedan y ascienda por mérito.

«No hay necesidad y es absurdo que se postule y se elija a todos en un solo proceso. No tiene por qué el poder Legislativo estar eligiendo a los jueces y magistrados», mencionó Mayora.

En tanto que, María Isabel Carrascosa, de la Fundación 2020, señaló que las reformas realizadas no fueron focalizadas y carecieron de evaluaciones posteriores para determinar si se cumplieron los objetivos. Otro de los desafíos señalados por expertos es que las instituciones del Sistema de Justicia no tienen metas en común.

María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) resaltó que entidades como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Sistema Penitenciario deberían trabajar en conjunto las estrategias para combatir la criminalidad.