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Nacionales

Congreso pide al Ejecutivo implantar el Estado de Sitio en Izabal tras asesinatos de tres marinos militares


En sesión ordinaria emiten punto resolutivo apoyado por 89 votos para que gobierno restrinja las garantías constitucionales en todo ese departamento caribeño –afectado por la presencia de narcotraficantes y la violencia–.

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Un punto resolutivo ha sido aprobado por 89 legisladores en la sesión ordinaria de este miércoles, por medio del cual se recomienda al Gobierno de la República imponer el Estado de Sitio en todo el departamento de Izabal, donde ayer en la aldea Semuy II, de El Estor, fueron asesinados tres miembros de la Marina de Guatemala, otros quedaron heridos y/o desaparecidos.

Desde el principio algunos diputados exigieron al Ejecutivo y funcionarios de seguridad accionar en contra presuntos habitantes –en apariencia vinculados a narcotraficantes, según autoridades–, que interceptaron con violencia al contingente, lo desarmó y luego acribilló a los marineros miliitares disparándoles con sus propias armas de fuego.

Por ejemplo, como jefe del bloque oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Javier Alfonso Hernández Franco, aseguró que si realmente existe un compromiso de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para apoyar –en el pleno– imponer la restricción de garantías constitucionales, pueden llamar al mandatario Jimmy Morales para pedirle que así se lo solicite al Congreso.

Su respuesta al inicio de la sesión fue resultado de que el uneísta Mario Taracena Díaz-Sol aseguró que “ni siquiera en este momento hay un presidente chispudo” que pida el Estado de Sitio “y diga que van a capturar a esos delincuentes”. Para Sandra Morán, de Convergencia, Gobernación debe explicar dichas muertes y fortalecer la seguridad para evitar “situaciones tristes que enlutan a familias”.

Lo que pasaría

–       Capítulo 5 de la Ley de Orden Público: el Estado de Sitio se decreta cuando existen “actividades terroristas, sediciosas o de rebelión”, que mediante violencia pongan en peligro el orden constitucional y público del Estado.

–       Ordena que el Presidente ejercerá el gobierno en su calidad de Comandante General, mediante el ministro de la Defensa.

–       Autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar auxilio y cooperación dentro de la esfera de su competencia.

–       Durante el Estado de Excepción son aplicables todas las medidas establecidas en los estados de prevención y alarma.

–       El Ejército puede intervenir o disolver sin prevención o apercibimiento, cualquier organización, entidad, asociación o agrupación, tenga o no personalidad jurídica.

–       Efectuar capturas sin orden judicial o en flagrancia contra personas sospechosas de conspirar contra el gobierno y alterar el orden público.

–       Repeler o reprimir por medios preventivos, defensivos u ofensivos adecuados a las circunstancias, cualquier acción, individual o colectiva, contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas dictadas para restablecer la normalidad.

–       El decreto debe ser aprobado o improbado por el Congreso con un mínimo de 80 votos, lo que le sería solicitado por el Ejecutivo.

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