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Nacionales

El programa social que se convirtió en una máquina de votos


El año pasado el programa más conocido como transferencias cerró con un padrón de 648 mil 492 beneficiarios, de ellos el 54 por ciento no ha dejado de recibir el bono desde la administración de la UNE. Las actuales autoridades justifican que los listados son modificados de acuerdo a los rangos de edades.

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En una década el Estado ha desembolsado Q7.3 millardos en el programa social Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en el país, para atender en promedio a 684 mil 492 beneficiarios. De acuerdo con la base de datos obtenida, se determinó que el 54 por ciento ha recibido el aporte gubernamental durante diez años.

El programa social, creado en 2008 durante la administración del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), mantuvo en sus listados hasta el cierre del año pasado a 255 mil 421 personas. De ese porcentaje, 154 mil 492 beneficiarios se concentran en cuatro departamentos con los índices más altos de pobreza, desigualdad y electoral: Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y San Marcos. 

En Alta Verapaz según los datos cotejados existen 57 mil 923 núcleos familiares beneficiados, pero es en el municipio de San Pedro Carchá, ubicado a 221.6 kilómetros de la ciudad capital, en donde se concentra el mayor número, incluso más que en Chiquimula. Datos de la organización Oxfam Internacional y de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) reflejan que en el lugar en donde predomina la población q’eqchi’ está marcada por la desnutrición crónica y pobreza. 

Chamtaca, una de las 26 regiones de San Pedro Carchá, aparece en los listados como una de las principales comunidades beneficiadas. Al cierre de 2018 se registraron 117 personas inscritas desde 2008, pero la cantidad no coincide con los registros del alcalde auxiliar, Santiago Tiul Caal. 

El entrevistado explicó que la región está formada por seis comunidades con 1,286 personas, pero que el año pasado solo fueron beneficiadas con el pago del bono 40 mujeres. “Este gobierno manejó políticamente el programa”, refirió Tiul, único encargado de hablar sobre el tema.

A orilla de la carretera que conduce a Cahabón, Alta Verapaz, se encuentra escondida otra aldea, Chelac. En el lugar casi nadie habla español y aseguran los comunitarios que desconocen si el programa a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) llegó al lugar, aunque en los listados se reportan que 140 beneficiarios han sido atendidos desde la creación del programa.

“Aquí es una región pobre, las personas se sostienen de la cosecha de maíz y cardamomo que se da por temporadas”, expone el alcalde auxiliar, Elías Caal Chum. El entrevistado agregó que el programa siempre ha sido politizado y se beneficia a los que menos lo necesitan. 

En San Raymundo desde la creación del programa 556 mujeres siguen siendo beneficiadas.

Las autoridades del Ministerio de Desarrollo conocen de la existencia de personas que vienen desde la época de la UNE, aunque no determinan números, pero justifican su respuesta que se debe a “que el programa da cobertura a menores de cero a 15 años, así como a mujeres embarazadas”. 

Los operadores 

La transferencia o bono social ha recibido críticas desde sus inicios para haberse convertido en un programa clientelar. De las cuatro regiones analizadas, hay líderes que se convirtieron en operadores del programa: los Quej en Alta Verapaz, Carlos López Girón y Mario Rivera en Quiché y Julio César López Villatoro en Huehuetenango, quienes por varios periodos como caciques de la región tuvieron el control del proyecto. 

Haroldo Quej, quien buscó una curul en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), dejó el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) para enfilarse en el Partido Patriota (PP), luego migró a la UNE, en donde se convirtió en un importante asesor de la agrupación y durante las tres últimas elecciones ha tenido el apoyo del voto. 

“Con el PP y la UNE los Quej dirigieron el programa aquí en San Pedro Carchá”, indicó un integrante de la Municipalidad.

López Girón permanece prófugo de la justicia por el caso de plazas fantasma en el Congreso, pero heredó la curul a su hijo Carlos López Maldonado, quien fue reelecto para el próximo periodo. López (papá) fue gobernador de Quiché a inicios de 1990 en el gobierno de Vinicio Cerezo, en 2003 llegó al Legislativo con el FRG y en 2008 se incorporó a la UNE, con el que ganó desde entonces. 

Situación similar sucedió con Rivera, quien fue diputado por 25 años tras su paso por los partidos Democracia Cristiana, FRG, UNE, Lider y en las elecciones pasadas se postuló por el partido Podemos. El excongresista no pudo ser reelecto porque enfrenta un proceso penal por el delito de lavado de dinero. 

En tanto que López Villatoro, hermano del Rey del Tenis, también con orden de captura por un caso de corrupción, pasó por los partidos mencionados hasta llegar a la UNE; en las elecciones pasadas su hijo Julio César López ganó una curul por el distrito de Huehuetenango. 

Todos los casos tienen un común denominador: fueron caciques en sus departamentos y se encargaban de los programas y proyectos gubernamentales y el de las transferencias o bono no es la excepción. 

El TSE reportó la participación el pasado 16 de junio un total de 1.5 millones de votantes en estos cuatro departamentos, suficientes para darle la victoria a una determinada agrupación política. La UNE, ha ganado en las tres últimas elecciones en esa región y el voto no ha bajado de 300 mil. 

Clientelar y agencia de empleo

El programa comenzó bajo la coordinación del Consejo de Cohesión Social (CCS) que manejó varios programas, bajo la tutela de la excandidata a la Presidencia de la UNE, Sandra Torres.

En 2012 se le dio continuidad con el nombre de Bono Seguro y pasó a manos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y en la actual administración, se cambiaron las corresponsabilidades que eran obligatorias para cada uno de los beneficiarios.

La asistencia escolar de los niños a la escuela primaria era parte de una de las obligaciones que debían cumplir, pero de acuerdo al Anuario Estadístico del Ministerio de Educación, la matrícula estudiantil reporta una reducción durante la gestión del Partido Patriota y un leve aumento con el actual gobierno. Al analizar los datos de los cuatro departamentos estudiados, con excepción de Alta Verapaz, en Quiché, Huehuetenango y San Marcos cayó la asistencia a nivel primario.

“A mi criterio esta política tiene errores graves de diseño, el programa social está disfrazado y es clientelar”, indicó María Fernanda Rivera, consultora independiente en temas sociales. Recordó que cuando se inició con el programa en 2008 cuestionó: la forma en cómo se mediría antes, durante y después el tema, y segundo los criterios para cambiar el programa asistencial por uno de productividad. 

Karin Slowing, extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), calificó como una contradicción que la matrícula escolar se haya reducido, lo cual significa que no tuvo continuidad. “Han pasado tres gobiernos que han usado las transferencias y lo han mantenido activo aunque no hay evidencia clara si ha servido… todos los han utilizado con un fin político”, expresó.

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