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Nacionales

Acuden a la CIDH por suspensión de mina en El Estor


La CC suspendió temporalmente la operación del proyecto Fénix.

 

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Dos representantes de 16 comunidades de El Estor, Izabal, y tres de Panzós, Alta Verapaz, que están a favor de la operación del proyecto minero Fénix, entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición para que se recomiende al Estado de Guatemala la protección del “derecho a la educación, medio ambiente sano, salud, trabajo y derecho a la propiedad de las comunidades, amparado en el Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

La solicitud se origina ante “la amenaza inminente y certera que la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender temporalmente la licencia del proyecto minero Fénix, representa para los derechos económicos, sociales y culturales de los colaboradores y beneficiarios directos e indirectos”, cita un comunicado difundido por los interesados.

 

LOS ANTECEDENTES

Sesenta y dos vecinos de El Estor promovieron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que reclaman que el Ministro de Energía y Minas no agotó el proceso de consulta comunitaria, previo a otorgar la licencia minera. En marzo de 2018, la CSJ denegó la petición, por lo que los amparistas acudieron a la CC.

En apelación, la alta corte otorgó amparo provisional el 18 de julio pasado y dejó en suspenso la operación minera mientras que se completa el trámite del amparo.

Los que presentaron la acción ante la CIDH aseguran que esta decisión pone en riesgo sus fuentes de empleo y frena el desarrollo de comunidades que han sido beneficiadas con proyectos ambientales y de infraestructura.

Ayer, 20 alcaldes comunitarios presentaron ante la CC igual número de Amicus Curiae, en los que exponen su visión sobre la operación de la mina, para que los magistrados tengan elementos de contexto para emitir sus fallos. En los escritos piden que se mantenga la licencia de explotación minera.

Los argumentos también se expusieron en una vista pública ante la CC, que forma parte del trámite de la apelación, que se extendió para dar tiempo a los vecinos que pidieron la palabra. Algunos expusieron sus expectativas de que con la permanencia de la mina tengan acceso a trabajo y oportunidad de proyectos de agua potable, escuelas, entre otros.

19

comunidades de El Estor, Izabal, y de Panzós, Alta Verapaz, presentaron una acción ante la CIDH.

 

 

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