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Nacionales

Un tercio del pacto de 2014 se apresta a elegir Cortes de justicia


Los diputados que negociaron el nombramiento de los magistrados actuales o que tienen alguna vinculación con estructuras de captura del Estado permanecen en el Congreso.

 

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La cooptación del Poder Judicial, como un mecanismo para asegurarse impunidad, supone una reacción de las redes ilícitas que son golpeadas por la justicia penal, señaló el investigador Harald Waxenecker, autor de uno de los últimos informes que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presenta antes de que finalice su mandato, en septiembre próximo.

El informe Impunidad y redes ilícitas expone la evolución de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos, operados principalmente por actores militares, y con la finalidad de interferir en investigaciones, alterar hipótesis, desviar investigaciones, como en los casos por asesinato de Myrna Mack, el obispo Juan Gerardi y José Miguel Mérida Escobar.

La presencia de la CICIG permitió ampliar el foco y visibilizar redes ilícitas en las que, además de los militares, confluyen intereses políticos, económicos y operadores de justicia, entre otros actores. Hoy por hoy, se continúa enfrentando una realidad de estructuras y redes de poder que logran perpetuar influencia indebida en estos procesos y las Comisiones de Postulación se han convertido en otra fuente de cooptación del Estado, cita el informe.

Aunque es muy complejo analizar las líneas de continuidad de los “operadores políticos” en el actual proceso de postulación de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, “se puede identificar un ‘pacto oficialista’ de impunidad alrededor de Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro, Felipe Alejos, Fredy Cabrera y Estuardo Castellanos, entre otros”, refiere el informe.

El documento añade que, paralelamente, se observan otros operadores políticos con capacidad de influencia en el proceso, como Gustavo Herrera; Juan Carlos Godínez, miembro del Consejo Superior Universitario y del grupo de abogados de Mixco; Luis Fernando Ruiz Ramírez, expresidente del Colegio de Abogados y asesor de la Secretaría de Inteligencia Estratégica; Héctor Hugo Pérez Aguilera, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad; Estuardo Gálvez, exrector y decano de Derecho de la Usac, así como Ovidio Orellana, actual presidente del CANG y Erick Castillo, que auxilió a López Villatoro en una audiencia judicial, entre otros.

EL PACTO PERDURA

El informe recuerda la influencia indebida que ejerció el Poder Ejecutivo –por medio de la entonces ex vicepresidenta Roxana Baldetti– mediante un acuerdo político entre el Partido Patriota (PP), el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), el partido Todos y algunos operadores legislativos de otras agrupaciones políticas.

Al menos 47 diputados y diputadas que votaron por este pacto en 2014, siguen ocupando actualmente una curul en el Congreso. “Es decir, el 30 por ciento de las y los legisladores actuales ha formado parte de un esquema de captura en el pasado”, puntualiza el informe.

SUGIEREN REFORMA

El modelo de Comisiones de Postulación debe ser revisado, recomienda la CICIG. Se sugiere replantear la necesidad de la reforma constitucional del sector justicia o bien promover reformas a las leyes ordinarias que regulen la adecuada calificación de los postulantes y los procedimientos para valorar la honorabilidad.

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