Con poco más de 10 días para cumplir con el mandato legal de instalar las Comisiones de Postulación para Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, no está clara la integración de los cuerpos electores.

Si el Congreso acepta o no la renuncia de la magistrada Silvia Valdés es uno de los temas que podría detener la integración de la postuladora para magistrados de Sala, a menos que, pese a su dimisión, tome juramento como comisionada.

A la fecha, Valdés continúa participando de las plenarias de la CSJ. Al consultar sobre la situación de la magistrada, el vocero del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, indicó que aún sigue siendo titular, hasta que el Congreso le notifique que admitió su renuncia.

Además, hay en ciernes dos amparos en contra de la elección, mediante planilla única, de los magistrados que nominarán a los candidatos para CSJ. El Juzgado Quinto Civil debe resolver si atiende o no los reclamos de la Asociación FADS y del magistrado Noé Ventura Loyo.

Además, Ventura interpuso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un ocurso en queja contra el juzgado.

Integraciones

La elección de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para integrar las Comisiones también fue objeto de impugnaciones, que deben ser resueltas por la Asamblea de Colegios Profesionales. La mejor cosecha de las elecciones fue para la Planilla 7, que tiene el apoyo del exrector de la Usac Estuardo Gálvez y logró tres de 12 escaños en cada postuladora.

Al ser consultado sobre las acciones interpuestas contra la elección de la Asamblea del CANG, el presidente Ovidio Orellana dijo que “no hay nada que diga que el proceso está suspendido”.

Murphy Paiz, rector de la Usac y quien preside la comisión que nominará candidatos para Salas de Apelaciones, indicó que no han sido convocados para iniciar con el proceso.
Félix Serrano, quien está a cargo de la junta que nombrará aspirantes para la CSJ, no respondió a las llamadas de elPeriódico.

La ley establece que las Comisiones deben integrarse como mínimo dos meses antes de que venza el mandato de los funcionarios a elegir.