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Nacionales

CICIG sugiere reformar proceso de elección de las cortes de justicia del país


En su informe, la Comisión criticó a las universidades privadas que crean la carrera de Derecho para ocupar un puesto en las postuladoras.

 

 

Las Comisiones de Postulación son susceptibles de facilitar espacios para la participación, influencia y cooptación de su trabajo por parte de poderes políticos y fácticos, de acuerdo con un informe presentado ayer por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El documento se divulga en la antesala de la integración de las Comisiones de Postulación, que elegirán a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de Apelaciones, para el periodo 2019-2024. La conformación se ha detenido por dos amparos interpuestos en contra de la elección de los representantes de los magistrados y una impugnación de las planillas de abogados que se disputaron espacios en las comisiones.

Precisamente, la CICIG ejemplifica cómo los intereses por ocupar las postuladoras se evidencian en la elección de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); la elección de rector y decanos en la Universidad de San Carlos, y pone especial atención en cómo la Academia también se ha puesto al servicio de intereses particulares, mediante la creación de universidades para tener un cupo en las comisiones.

LAS RECOMENDACIONES

La principal recomendación de la Comisión para el Estado es discutir y reformar los mecanismos previstos para garantizar la independencia judicial, contenidos en la Constitución Política de la República.

Como una vía alterna y expedita, sugieren la posibilidad de reformas a la Ley de Comisiones de Postulación que garanticen la adecuada calificación de los postulantes y los procedimientos para valorar la honorabilidad.
También que incorpore la prohibición de participar simultáneamente como postulador y aspirante, la sustitución de comisionados y el establecimiento de parámetros para la construcción del perfil idóneo, entre otros.

2

amparos han sido presentados contra la integración de los comisionados que revisarán los expedientes de aspirantes a la CSJ.

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