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Nacionales

MP acciona contra magistrados que protegieron a Sandra Torres


La Fiscalía busca que se autorice la investigación por prevaricato en contra de los jueces que ordenaron a “elPeriódico” no importunar a la presidenciable de la UNE.

 

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La Unidad de Delitos Contra Periodistas de la Fiscalía de Derechos Humanos presentó una solicitud de antejuicio en contra de los tres magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio, por presuntamente dictar una resolución arbitraria en favor de la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres Casanova.

La fiscalía busca que Rafael Morales, Franc Martínez y Fredy López sean despojados de su inmunidad para investigarlos por prevaricato cometido en contra del directorio de elPeriódico, al ordenar que se decretaran medidas restrictivas al ejercicio periodístico sobre Torres Casanova.

Las tres solicitudes de retiro de inmunidad fueron recibidas ayer a las 14:27 horas en Gestión Penal, donde designaron al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, a cargo de Carlos Toledo, para que inicie el proceso del antejuicio. Toledo debe inhibirse de conocer el caso y elevar el expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los magistrados decidan si le dan trámite a la solicitud.

Según el Artículo 462 del Código Procesal Penal (CPP), comete prevaricato el juez que dicte resoluciones contrarias a la ley o las fundamente en hechos falsos; delito por el cual, pueden imponerse penas de prisión de entre dos y seis años de prisión.

MEDIDAS CAUTELARES

Las pesquisas preliminares de la fiscalía señalan que los magistrados pudieron cometer ese delito al ordenar a la jueza de Femicidio Neldy Rodríguez Andrade que decretara medidas en favor de Torres Casanova, por un mes.

La resolución de Rodríguez Andrade señalaba que los hombres del directorio de elPeriódico y la gerente de Ventas, no podían perturbar a Torres Casanova ni a ningún integrante de su familia. “Se designa como responsable de la ejecución de las presentes medidas de seguridad al Director General de la Policía Nacional Civil”, sentenciaba el fallo de la jueza.

Morales, Martínez y López reactivaron el caso que Rodríguez Andrade había cerrado por considerar que los señalamientos de la presidenciable de la UNE no constituían delito contra la dignidad de las mujeres, por lo que había ordenado el archivo del proceso que, a su consideración, debía resolverse en un Tribunal de Imprenta.

Después de las muestras de apoyo a elPeriódico por varias organizaciones nacionales e internacionales, Torres Casanova desestimó el caso; días después, el Juzgado de Femicidio admitió el desistimiento de la presidenciable de la UNE.

Intento por cese de investigaciones

Sandra Torres Casanova también logró que la jueza Susan Sabrina Salazar dictara medidas de protección en su favor, acogiéndose bajo la Ley de Femicidio.

Salazar prohibió a los representantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y Andrei González, importunar a la presidenciable de la UNE.

En esa ocasión, Torres Casanova denunció a los fiscales que emprendieron una investigación en su contra por el supuestos financiamiento electoral ilícito de la UNE, aduciendo que la misma constituía violencia contra la mujer.

Por tres meses, los fiscales tuvieron que cuidar sus declaraciones públicas, para evitar “importunar” a Torres Casanova; mientras que, paralelamente, accionaron en contra de esa resolución y pidieron una audiencia para exponer los argumentos por los cuales deseaban que las medidas fueran retiradas.

Una semana antes que se cumplieran los tres meses de prohibición, la Sala Primera de Femicidio separó a Salazar del caso y nombró a Lisbeth Ramírez para que continuara conociendo el proceso en contra de los fiscales. Las medidas otorgadas a Torres ya no están vigentes.

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