“Las acciones en contra de los tres magistrados de la CC ha sido una constante de varios diputados, incluyendo algunos que conforman la Junta Directiva del Congreso, debilitando así el Estado de derecho”, denuncia esta mañana la Bancada Digna que desconoce y rechaza lo actuado por la Comisión Permanente en busca de que los juzgadores Gloria Patricia Porras, Boanerge Mejía Orellana y Francisco de Mata Vela sean objeto de antejuicio.

Suscrito por los parlamentarios Sandra Morán, Enrique Álvarez y Leocadio Juracán, el pronunciamiento puntualiza que el Artículo 167de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad regula con claridad que los integrantes del alto cuerpo colegiado “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.

La acción de la directiva es causada porque el 19 de este mes los tres jueces votaron a favor de ordenar suspender la discusión de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que persigue permitir la aplicación de amnistía general favorable a personas y/o reos sindicados, procesados y condenados penalmente por delitos de lesa humanidad en el conflicto armado interno (1960/1996).

Los interponentes pretenden despojarlos de la inmunidad y sean sometidos a investigación, incluso por el propio Congreso, por los delitos de violación a la Constitución, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Carta Magna, prevaricato y usurpación de funciones.

“A criterio de la Comisión Permanente, este amparo erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar, inobservando flagrantemente uno de los pilares básicos de una democracia: la separación de poderes”, indicaron.

Recientemente, la CC amparó a Paulina Ixpatá, Sergio Escobar y Pedrina López y detuvo la discusión de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que buscaba esa amnistía general para casos judiciales por genocidio, tortura y desaparición forzada.

La norma original propuesta por el diputado Fernando Linares Beltranena, fue aprobada tras el fin de la guerra firmado el 29 de diciembre de 1996, recordó la agencia AFP, y se perdonó a militares y guerrilleros que no habían cometido ese tipo de delitos. Hasta la decisión de la Corte de Constitucionalidad, el proyecto de ley se encontraba en la recta final para su aprobación definitiva, pendiente de la votación del Parlamento y, por ende, de la firma del presidente Jimmy Morales Cabrera.

Los jueces constitucionales Porras, Mejía y De Mata ya habían enfrentado en diciembre una denuncia del gobernante de turno, luego que el alto tribunal revirtió fallos del Ejecutivo contra una misión antimafias de Naciones Unidas. Sin embargo, fue rechazada de plano por la justicia un mes después.

Este es el comunicado de la Bancada Digna: