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Nacionales

Piden al presidente del Congreso proceder legalmente contra magistrados de la CC


Resolución que dejó en suspenso la discusión de reformas a Ley de Reconciliación Nacional podría incurrir en delito.

 

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La Comisión Permanente del Congreso de la República luego de conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), donde deja en suspenso la discusión de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, solicitó al presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, que gire las instrucciones para proceder legalmente en contra de los magistrados que firmaron dicha resolución, por considerar que “reúne características delictivas que deben ser conocidas por las autoridades correspondientes”.

La CC otorgó amparo provisional en contra del Congreso solicitado por Paulina Ixpatá López y Sergio Escobar, quienes solicitaron la medida ya que consideran que las reformas a la ley en mención pretenden otorgar amnistía a favor de los responsables de crímenes de guerra.

De esa cuenta, las discusiones de reformas quedaron suspendidas mientras se dicta la sentencia respectiva, el procedimiento de formación, sanción y promulgación de la ley que corresponda a la iniciativa, según dicta la resolución de la CC.

La iniciativa 5377 fue presentada en noviembre de 2018 por el diputado Fernando Linares Beltranena, con el objetivo de derogar los artículos 2, 4 y 8 de la citada ley que regula el tratamiento penal para los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

Linares Beltranena propone una amnistía general, la cual beneficiaría a personas acusadas de crímenes graves de derecho internacional como genocidio.

El rechazo hacia la iniciativa llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en marzo escuchó la demanda de las hermanas Molina Theissen contra la iniciativa, ya que esto anularía la condena contra los responsables de la desaparición de su hermano Marco Antonio.

INTROMISIÓN

En su momento el legislador ponente, Linares Beltranena, señaló que los magistrados de la CC cometían un delito de intromisión en uno de los tres poderes del Estado que debe ser independiente.

“Nosotros no les decimos cómo fallar, pero nos están diciendo cómo legislar, por la marcada fobia militar de los tres magistrados”, señaló Linares.

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