La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó este viernes un amparo provisional a organizaciones que velan por los principios fundamentales y a víctimas del conflicto armado interno de 36 años, y ordena al Congreso suspender las reformas que se pretende introducir a la Ley de Reconciliación Nacional.

En el recurso interpuesto figuran como terceros interesados el Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Grupo de Apoyo Mutuo y otras que comparten el fallo porque hasta el momento el máximo órgano de justicia no lo ha dado a conocer de manera oficial.

Las modificaciones que ciertos diputados proponen sean aprobadas en la normativa podrían significar la concesión de una amnistía inmediata a personas señaladas, condenadas o en juicios penales por delitos de lesa humanidad y violaciones a los DD. HH. entre 1960 y 1996.

En suspenso

Al respecto, AFP indicó en su más reciente despacho que con la resolución “se deja en suspenso, mientras se dicta la sentencia respectiva, el procedimiento de formación, sanción y promulgación” de dicha iniciativa de ampliación de la amnistía que modificaría la Ley de Reconciliación Nacional.

La agencia noticiosa atribuye la divulgación del fallo al CALDH, una de las organizaciones sociales que se querellaron por el proyecto. Esa ley fue aprobada tras el fin del conflicto y amnistió a militares y guerrilleros que no hubieran cometido genocidio, tortura y desaparición forzada.

Hasta esta decisión de la CC, la propuesta se encontraba en la recta final para su aprobación definitiva, pendiente de la votación del Congreso y de la firma del presidente Jimmy Morales con su respectivo publíquese y cúmplase en el Diario Oficial.

Los congresistas que la impulsan, entre ellos militares jubilados, según reporta la AFP, argumentan que esa reforma tiene como objetivo promover la reconciliación, pero los detractores advierten que únicamente buscan impunidad para los responsables de crímenes cometidos en el transcurso la guerra interna.

En marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado de Guatemala a detener el proceso de aprobación y, ese mismo mes, el Parlamento Europeo pidió al Congreso rechazarlas. Estados Unidos y expertos de las Naciones Unidas también han expresado preocupación.

– La Guerra Civil guatemalteca dejó 200 mil muertos y desaparecidos, reveló en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU.

– La mayor parte de las atrocidades fue atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.

– De aprobarse la amnistía, la ley obligaría a sobreseer y liberar a personas que cumplen condena o son enjuiciadas por delitos de lesa humanidad.