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A pesar de la existencia de escuchas telefónicas, evidencia documental y 45 fallecimientos registrados, los magistrados aseguran que por errores del Tribunal decidieron revocar la sentencia.
No obstante que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó más de 200 pruebas durante el juicio por el caso de fraude entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones botó la sentencia dictada por el Tribunal. Las juezas del Tribunal Undécimo, Morelia Ríos, Patricia Veras y Miriam Hernández escucharon por más de un año, en 92 audiencias, los argumentos y pruebas del Ministerio Público (MP), Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a los abogados de los 21 acusados, para emitir su sentencia; sin embargo, la misma fue revocada en unas horas por la Sala de Apelaciones. Entre las pruebas que se ofrecieron durante el debate, el MP y la CICIG presentaron las declaraciones de 24 peritos, 19 testigos, 190 documentos y varias interceptaciones telefónicas; la mayoría entre el hijo de la magistrada Blanca
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