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Nacionales

Sala Tercera anula fallo de caso IGSS Pisa, pese a pruebas presentadas


A pesar de la existencia de escuchas telefónicas, evidencia documental y 45 fallecimientos registrados, los magistrados aseguran que por errores del Tribunal decidieron revocar la sentencia.

 

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No obstante que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó más de 200 pruebas durante el juicio por el caso de fraude entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones botó la sentencia dictada por el Tribunal.

Las juezas del Tribunal Undécimo, Morelia Ríos, Patricia Veras y Miriam Hernández escucharon por más de un año, en 92 audiencias, los argumentos y pruebas del Ministerio Público (MP), Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a los abogados de los 21 acusados, para emitir su sentencia; sin embargo, la misma fue revocada en unas horas por la Sala de Apelaciones.

Entre las pruebas que se ofrecieron durante el debate, el MP y la CICIG presentaron las declaraciones de 24 peritos, 19 testigos, 190 documentos y varias interceptaciones telefónicas; la mayoría entre el hijo de la magistrada Blanca Stalling, Otto Molina Stalling, y el intermediario con Pisa, Herberth Rodolfo García-Granados Reyes.

La Sala Tercera argumentó que, por errores del Tribunal Undécimo de Sentencia, las condenas deben ser anuladas y resolvió la absolución.

Según los magistrados Jaime Amílcar González Dávila, Beyla Estrada y Zonia de la Paz Santizo, fueron dos errores fundamentales para que la sentencia dictada por el Tribunal en septiembre de 2018, quedara sin efecto.

DE QUÉ LOS ACUSABAN

En su resolución, el Tribunal señaló que no programaría audiencia de reparación digna al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) porque consideró que el daño ocasionado por la Droguería Pisa era evidente, por lo que fueron condenados al pago de Q3 millones 379 mil 466.20, pese a que no decretaron una responsabilidad penal de la sociedad ni de sus representantes.

El Tribunal absolvió al gerente y representante legal de Pisa, Edgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz por el delito de cohecho activo. Lorenzana Ortiz también fue declarado inocente por asociación ilícita.

Edgar René de la Peña Archila, gerente de Pisa, absuelto por el Tribunal del delito de cohecho activo.

ENCARGADOS DE LAS NEGOCIACIONES, SEGÚN LA FISCALÍA

De acuerdo con las pruebas aportadas al Tribunal que dictó la condena, Molina Stalling y García-Granados Reyes fueron los responsables de pactar las negociaciones y el pago de un porcentaje que pagaría Pisa a cambio de ser beneficiados con la adjudicación del contrato por Q116 millones 227 mil 035 para servicios de diálisis peritoneal para pacientes de la Unidad de Consulta Externa del IGSS.

Una conversación interceptada por el Ministerio Público (MP), el 4 de noviembre de 2014, detalla que Molina Stalling y García-Granados pactaron el pago del 15 por ciento de comisión por el contrato:

MOLINA: Ya me confirmaron

GARCÍA: ¿Cuánto?

MOLINA: Ya lo aprobaron

GARCÍA: Lo de nosotros

MOLINA: No lo del primero

GARCÍA: Ah vaya

MOLINA: Ajá entonces pero ahorita tenemos que demostrar la seña, entonces mañana lo espero subir por la tarde, entonces dígale que uno ya está confirmado que la aceitada verdad, pidámosle el 15.

Pese a las escuchas telefónicas que acreditaban la mediación entre Pisa y el Seguro Social, el Tribunal absolvió a García-Granados Reyes de asociación ilícita y cohecho activo.

Además, la fiscalía presentó una escucha del 21 de enero de 2015, entre García-Granados y Lorenzana Ortiz, en la que manifiestan su descontento porque la directiva del Seguro Social incumplió con el pacto, porque otra empresa ofreció más dinero.

Lo anterior, según el MP, era una prueba fehaciente del contubernio entre la Droguería Pisa y el IGSS para que se les adjudicara –de forma ilícita– el proyecto de hemodiálisis, lo cual tipificaron en la acusación como cohecho activo; sin embargo, el Tribunal absolvió a Lorenzana Ortiz.

Herberth Rodolfo García-Granados es acusado por el MP de ser el intermediario con la Droguería Pisa.

Otro de los hechos ilícitos planteados por la fiscalía fue la falta de condiciones para prestar los servicios de hemodiálisis. “No tenía la mejor experiencia, ni contaba con el personal suficiente, ni calificado para la prestación de servicio. Es más ni siquiera tenía la seguridad de contar con un local donde prestar el servicio”, argumentó el MP ante el Tribunal.

En la conversación entre el doctor Arturo Castellanos Pou y García-Granados, manifiestan su conformidad con que el IGSS no supervisara las condiciones del local porque sabían que no cumplían con los requisitos de ley.

El fiscal de la Unidad de Impugnaciones del MP, Luis Archila, señaló que analizan la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, para determinar si presentan un recurso de casación.

VICTIMAS POR HEMODIÁLISIS

Un informe presentado por la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) en 2016, señaló que recibieron 54 denuncias y pudieron documentar 45 pacientes fallecidos directamente relacionados al caso.

 

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