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Nacionales

PDH: magistrados constitucionales deben otorgar amparo definitivo para cancelar expulsión de la CICIG


Jordán Rodas insiste durante vista pública en que la decisión del Ejecutivo de finalizar unilateralmente el acuerdo de creación de la Comisión anticorrupción, viola la Constitución de la República.

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Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) escucharon este lunes en vista pública al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade,  quien solicitó que se otorgue el amparo en definitiva para anular la decisión del gobierno de dar por terminado el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El mandatario Jimmy Morales y el Consejo de Ministros emitieron el 8 de enero pasado el Acuerdo Gubernativo 2-2019 que declaró finalizado el acuerdo instrumento suscrito con las Naciones Unidas para crear esa instancia anticorrupción. Rodas advirtió que así se violan los artículos 149  y 151 de la Constitución que norman las relaciones exteriores del país.

“Estamos en un gobierno democrático en donde existe división de poderes y no es una monarquía en donde el presidente dispone”, manifestó al lamentar que las autoridades impugnadas no se presentaran a la diligencia: ningún funcionario de la Presidencia, Gobernación, la cancillería ni de la Procuraduría General de la Nación (PGN) como representante legal del Estado.

Por lo tanto, el procurador solicitó a la máxima corte que otorgue con lugar el amparo planteado y, en consecuencia, declare sin efecto alguno el Acuerdo Gubernativo 2-2019 “para sentar un precedente de que no hay nadie superior a la ley”, aspecto que en su intervención en la audiencia de hoy apuntaló Jennifer Bravo Flores, mandataria de la CICIG.

La representante de la Comisión resaltó que el Ejecutivo no acató la decisión de la CC que desde enero concedió el amparo provisional y, en cambio, se les retiró beneficios como los agentes –de la Policía Nacional Civil (PNC)– asignados a la seguridad perimetral e interna de su sede en la zona 14, los privilegios diplomáticos de sus investigadores y los permisos para portación de armas de fuego.

Jordán Rodas también hizo alusión que el alto tribunal de justicia pende de resolver las debidas ejecuciones contra la canciller Sandra Jovel y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, por haber incurrido durante meses en el delito de desobediencia notoria en el tema de permanencia de la CICIG en el territorio nacional.

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