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Nacionales

Por definir nómina de candidatos para dirigir la defensa pública


Seis de los 13 aspirantes lograron más de 50 puntos en la evaluación de sus méritos académicos, profesionales y de proyección humana.

 

 

La Comisión de Postulación para la elección de director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) está por definir la nómina de candidatos que le enviará al Congreso, para que elija al sucesor de Nidia Arévalo, cuya gestión finaliza en agosto próximo.

En la agenda de hoy se programó la votación para integrar la lista de candidatos que se remitirá al Congreso. Según el cronograma, la Comisión tiene hasta el viernes para enviar la lista.

En el proceso permanecen 13 aspirantes, cuyos méritos académicos, profesionales y de proyección humana fueron evaluados por los comisionados con base en una tabla diseñada en abril.

De los 13 aspirantes –según los datos recopilados y publicados por el Movimiento Pro Justicia (MPJ)– seis alcanzaron notas superiores a los 50 puntos, de una escala de cien. Ellos son, la directora Nidia Arévalo, Edvin Samayoa, Idonaldo Fuentes, Ingrid Romero, Obdulio Reyes y Estuardo Melchor.

Reyes y Romero son magistrados de Apelaciones, electos durante el cuestionado proceso de 2014. En su momento se les incluyó en el grupo de defensores públicos que fueron electos magistrados por influencia de la exdirectora del Instituto Blanca Stalling.

Quienes se quedaron con menos de 50 puntos son Héctor Pérez, Ricardo Guzmán, Alfredo Solórzano, Edwin Roquel, Carlos Casado, Evelyn Rodríguez y Carlos Castillo.

La Comisión se integra por el presidente del Organismo Judicial, Nester Vásquez, Raúl Robles de León, representante de los defensores; Luis Aragón, delegado de las Facultades de Derecho y Rodrigo Alvarado, del Colegio de Abogados Notarios de Guatemala.

LA IMPORTANCIA

El IDPP es una pieza importante del engranaje del sistema de justicia, porque cumple con el mandato constitucional de proveer de forma gratuita la defensa penal a quien no puede costearlo y, de esa manera, se garantiza el respeto del debido proceso, el respeto a las garantías constitucionales de las personas sujetas a proceso penal, o condenadas, opina Carmen Aída Ibarra del MPJ.

Si el IDPP no está fortalecido para responder a las dinámicas que imponen el OJ y el MP, advierte Ibarra, hay retardo y denegación de justicia o mora. “Por eso se requiere que al frente del IDPP haya una persona que no solo sepa administrar un ente y gestionar un presupuesto, exiguo por cierto. Debe entender la complejidad del sistema de justicia y la importancia del Instituto, para gestionar el servicio pensando siempre en aportar a una justicia pronta”, puntualizó.

TRANSPARENTE, PERO DISCRECIONAL

El proceso de selección que está por finalizar ha sido transparente, de acuerdo con el MPJ que lo ha monitoreado desde el inicio. “Hay bajas calificaciones, incluso en profesionales que debieron tener un mejor resultado en la evaluación, pero es el resultado de una tabla que aparentemente no es compleja, pero a la hora de aplicarla o es muy rigurosa o es muy abierta a la discrecionalidad”, añadió Ibarra.

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