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Nacionales

Señalan debilitamiento del sistema de justicia


Amnistía Internacional condena las acciones programadas en los tres poderes del Estado para debilitar la lucha contra la impunidad.

 

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En su informe Última Oportunidad de Justicia, la organización mundial Amnistía Internacional (AI) señala peligrosos retrocesos para los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Entre las “acciones programadas” desde el Ejecutivo para debilitar la lucha contra la impunidad, AI enumera la suspensión anticipada y unilateral del mandato de la CICIG y la expulsión del personal internacional, pese a las resoluciones del máximo tribunal. “Las autoridades se negaron a acatar estas órdenes, haciendo peligrar el Estado de Derecho. Las investigaciones abiertas por estos hechos siguen pendientes”, cita el informe.

Además, del retiro de la seguridad perimetral que la Policía Nacional Civil (PNC) ofrecía a la CICIG. AI detalla que existe falta de colaboración entre la FECI y la PNC desde el nombramiento de Enrique Degenhart como ministro de Gobernación. “Esto significó una limitación del acceso a la información de ciertas bases de datos que dependían del Ministerio de Gobernación, y de la capacidad de la FECI de realizar operativos y capturas en tiempo oportuno”.

Hoy en día se tiene coordinación con el director de la PNC, de acuerdo con el jefe de la FECI, Francisco Sandoval.

Desde el Congreso se adversa la promoción de reformas legales a favor de los responsables de crímenes de guerra; y, desde el Poder Judicial, el nombramiento de jueces sin experiencia o cuya independencia es cuestionada.

CAMBIOS EN EL MP

En el Informe también se expresa preocupación por los recientes traslados, destituciones y renuncias del personal en el Ministerio Público (MP), como la Dirección de Análisis Criminal (DAC) o la Unidad de Métodos Especiales (UME), que había sido especialmente seleccionado y capacitado para recabar y analizar información que serviría como prueba en procesos contra grandes estructuras criminales.

Como jefe de la DAC fue nombrado Abdy Ariel Guerra, sobrino político de la fiscal general, Consuelo Porras. En la UME, Wendy Ordóñez había sido relevada por Vilma Perdomo quien renunció luego que trascendió su simpatía por el presidente Jimmy Morales.

Una de las recomendaciones de AI es valorar extender el mandato de la CICIG o crear un mecanismo que cuente con suficientes recursos para garantizar la transferencia real de capacidades al MP.

CONTRATACIONES EN DUDA

La salida de la CICIG implica la desaparición de 140 investigadores y litigantes. La FECI se conforma por 46 personas y desde hace meses mantiene 18 vacantes. La Fiscal General indicó a AI que 10 nuevos investigadores y 20 analistas apoyarán a la FECI. El ofrecimiento genera dudas, porque el personal aún no se integra y no está en el proceso de transferencia.

70

Casos abiertos tiene la FECI.

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