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Nacionales

Adjudican negocio a empresa que tiene vínculos con Jurg Widmer


A pesar de estar prófugo de la justicia, las compañías del empresario suizo siguen recibiendo jugosos contratos con el Estado.

 

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El pasado 28 de mayo la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) adjudicó una licitación de 20 cargadores frontales tipo Reach Stacker, para apilamiento de contenedores llenos, para el servicio de las operaciones a la empresa Mecatrónica, S.A. por un monto de Q157 millones 708 mil.

La adquisición realizada por la Empornac pretende agilizar las operaciones y servicios que presta dicha terminal portuaria. En su momento las autoridades explicaron que los nuevos equipos pueden apilar contenedores hasta en cinco bloques de altura.

VÍNCULOS CON JURG WIDMER

Quien ejerce como gerente general y representante legal de Mecatrónica, S.A. en el contrato suscrito con la Empornac para la proveeduría de los 20 cargadores es Jorge Enrique Haeussler Franco.

En el sistema de contribuciones del pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a Haeussler Franco le aparecen aportes patronales vigentes de las siguientes empresas: Mecatrónica, S.A., Manabique Logistics, S.A., Asistencia y Logística Portuaria, S.A. (Alopsa).

Adicionalmente en los registros de Puerto Quetzal figura que el administrador único y representante legal de Alopsa es también Jorge Haeussler.

Asistencia y Logística Portuaria, S.A. (Alopsa) es una de las empresas que forman parte de Grupo Interport, propiedad de Jurg Widmer Probst.

EL CASO CONTRA JURG WIDMER

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Jurg Widmer le entregó a Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de Baldetti, la cantidad de Q250 mil mensuales por los negocios de grúas, y otros Q9 millones de comisión por obtener un contrato de Q92 millones para el dragado de la dársena de maniobras del Puerto Santo Tomás, entre otros.

Las pesquisas, respaldadas en la declaración de Monzón en su calidad de colaborador eficaz, fueron confirmadas por los libros de ingreso de visitas a la Casa Presidencial durante la administración del Partido Patriota (PP).

Pese a los señalamientos que hicieron el MP y la CICIG contra Jurg Widmer, sus empresas continúan siendo beneficiadas con los pagos tanto en Puerto Quetzal como en Santo Tomás de Castilla.

Las autoridades de la Empornac compraron a Mecatrónica, S.A. 20 cargadores frontales tipo Reach Stacker para agilizar operaciones.

LOS SOBORNOS

Durante el gobierno del Partido Patriota, Jurg no limitó su influencia a su grupo de empresas. Dragamar es otra empresa que, si bien no figura dentro del organigrama del Grupo Interport, fue utilizada por Jurg y Juan Carlos Monzón en septiembre de 2014 para ganar un contrato por Q92 millones con la Empornac.

Jurg también utilizó Comercializadora Pahamé para obtener un contrato con la Empornac, la adjudicación le permitía ofrecer el servicio de carga y descarga de buques con granel sólido (carbón, níquel y otros minerales) por los siguientes diez años y con la posibilidad de ser renovado. El objetivo real de este contrato era crear un puerto flotante al lado del muelle de Santo Tomás –construido sobre una propiedad de Jurg Widmer– a fin de funcionar como un puerto especializado para las empresas mineras que operan en el país.

Por este contrato, Jurg acordó pagarle a Pérez Molina y Baldetti una renta de US$0.25 por cada tonelada métrica que movilizaría el puerto; mientras que Monzón se quedaría por una renta de US$0.04 por tonelada.

Este acuerdo fue descubierto en una de las computadoras incautadas a Monzón denominado “Cuadro de Jubilación”, un grupo de negocios con el cual la pareja presidencial planificaba mantener su oneroso estilo de vida cuando abandonaran el gobierno. Por este negocio, afirmó el colaborador eficaz, Jurg entregó por medio de uno de sus cuñados Q4 millones en efectivo a Monzón.

En la actualidad, la administración de Jimmy Morales busca la forma de reactivar las operaciones de Pahame.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

El 2 de junio de 2016, el MP y la CICIG sacaron a luz el caso Cooptación del Estado, en donde revelaron un entramado de personas y empresas que financiaron la campaña electoral del Partido Patriota, y beneficiaron específicamente a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, con el fin de obtener negocios durante su gobierno. Por el caso están acusadas 57 personas de pertenecer a la red, entre las que figura Jurg Widmer Probst, quien permanece prófugo de la justicia desde entonces.

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