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Nacionales

MP pide condenas de ocho y 11 años contra familiares del Presidente


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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió al Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal que condene al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales, José Manuel y Samuel Everardo (Sammy), por su presunta participación en el fraude en el Registro General de la Propiedad (RGP).

Carlos de León, representante de la FECI, argumentó que existían suficientes pruebas para condenar a los Morales por las anomalías en el suministro de desayunos y canastas navideñas a los trabajadores del RGP.

A consideración de la fiscalía, José Manuel debe cumplir una pena de ocho años de prisión inconmutables por el delito de fraude en forma continuada. De León señaló que la pena inicial que solicitaban era de seis años, pero por ser delitos cometidos de forma continuada se debía incrementar en dos años.

El Ministerio Público (MP) acusa al hijo del Presidente de presentar ofertas con dos empresas distintas para simular que existía competencia en el evento para proveer 564 desayunos para el personal del RGP.

Contra el hermano del mandatario, el MP requirió que le impusiera cinco años de prisión por fraude y seis más por lavado de dinero u otros activos; además, de una multa por Q179 mil 933, lo cual corresponde al dinero por el que facturó eventos que no había realizado su empresa.

De León pidió que, en ambos casos, después de cumplida la pena debían ser inhabilitados por cinco años para ocupar cargos públicos.

OTROS IMPLICADOS

El MP también solicitó que los exsuegros de José Manuel –Mario Orellana López y Abdi Sucely Estrada García– fueran condenados por lavado de dinero u otros activos y fraude. Contra Orellana López pidió 14 años de prisión y una multa de Q179 mil 975, mientras que en contra de Estrada García solicitó ocho años e inhabilitarla para ejercer cargos públicos.

Asimismo, la fiscalía solicitó a los jueces que la exdiputada y ex registradora de la Propiedad Anabella de León fuera condenada a 10 años de prisión por peculado por sustracción y le impusiera una multa de Q50 mil.

En contra de los 16 supuestos beneficiarios de las plazas fantasma en el RGP, De León solicitó al tribunal que impusiera penas de seis años y ocho meses de prisión, por el delito de peculado por sustracción.

EN TRÁMITE

La Sala Tercera de Apelaciones debe resolver un amparo presentado por Sammy Morales, para que determine si anula las 108 audiencias del juicio o confirma la resolución del Tribunal y permita que siga el desarrollo del debate.

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