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Nacionales

Denuncia por pérdida de aeronaves revela negocios opacos en el Ejército


El faltante de un avión y un helicóptero del Ministerio de la Defensa datan de hace 37 años, pero la denuncia fue presentada por la Contraloría hasta 2019.

 

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Después de la última auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), la entidad fiscalizadora denunció a dos excomandantes del Ejército por el faltante del avión Super King Air 200 TG-UGA marca Prat And Whitney, y del helicóptero Bell 412 serie 33062 de la misma marca que el avión. El primero fue vendido a una entidad privada en 1994, mientras que del segundo no existe ningún documento que respalde su ubicación, aunque solo se informó que fue adquirido en 1982.

A pesar de que el año pasado, la CGC bloqueó una denuncia por el faltante de cuatro aeronaves y 58 motores en los inventarios de la FAG, esta vez presentó la denuncia contra los militares Fernando Alfonso Castillo Ramírez y Carlos Augusto Morales Villatoro, quienes estuvieron a cargo de la Fuerza Aérea en el momento que se registró la pérdida de los vehículos aéreos. Castillo Ramírez respondió a los auditores que “un helicóptero” fue destruido por la guerrilla en 1983 sin precisar detalles.

En el informe de la Contraloría, se señala que el helicóptero Bell 412 estaba valuado en Q1 millón 725 mil, cantidad por la que fue presentada la denuncia en el Ministerio Público (MP, porque se concluyó que hubo “menoscabo al patrimonio del Ministerio de la Defensa”. En los libros autorizados por la Contraloría se encuentran registradas 93 aeronaves, aunque algunas no cuentan con motor.

RASTROS DEL NEGOCIO

La CGC consigna en su informe que el avión Super King fue vendido en 1994 por US$400 mil a la empresa Servicios Profesionales Aéreos, S.A. y que la transacción fue consignada en el acta 11 y autorizada por la misma Contraloría. Sin embargo, en el documento aparece una firma ilegible y no existen contratos de negociación ni registros que indiquen que el valor del bien haya ingresado a las arcas del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef).

De acuerdo con datos del Registro Mercantil (RM), el gerente de Servicios Profesionales es el comerciante de armas israelí Pessah Ben-Or; quien también está ligado a otras cuatro sociedades: Eagle IMGO, Adi Agrícola de Guatemala, Desarrollo Comercio y Servicios y Shiran Development Trade Services (Shiran DTS), cuyo notario es el general del Ejército retirado José Domingo Antonio García Samayoa, quien fungió como ministro del Mindef durante el gobierno de Jorge Serrano Elías.

García Samayoa también fue presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y es propietario de cinco empresas, entre estas la Gasolinera Chisec, situada en Chisec, Alta Verapaz, con la que ha proveído combustible por Q3.1 millones a diferentes instituciones del Estado, según Guatecompras.

VENTA ANÓMALA

Nueve años después, la entidad Shiran DTS volvió a realizar otro negocio con la FAG. Pero en este también estuvo involucrada la Distribuidora Piper, S.A. de Gregorio Valdez, exfinancista de campaña de Álvaro Colom; además de la empresa Coco Business, propiedad de Fabián Castellanos, un viejo amigo del exministro de Gobernación en el gobierno del Partido Patriota, Mauricio López Bonilla.

Una investigación de elPeriódico da cuenta que la negociación consistió en rematar un lote de piezas de aviones de la FAG a un precio por debajo del valor real. La venta representó una pérdida de Q88.7 millones para el Estado y además se hizo al evadir la Ley de Contrataciones del Estado, porque la convocatoria para la venta directa se realizó por una llamada telefónica, según un informe publicado por este medio el 31 de mayo de 2003.

Denuncias bloqueadas

La auditoría sobre el presupuesto utilizado por el Ministerio de la Defensa en 2017 reveló que se identificaron ocho reparos, de los cuales tres ameritaban presentar denuncias debido a que se identificó que ese año se cobraron de manera ilegal Q76.7 millones en bonos militares, incluido un sobresueldo que recibía el presidente Jimmy Morales. Asimismo, se determinó que se pagaron Q21.4 millones sin que existiera respaldo legal y hubo un faltante de cuatro aeronaves en la FAG. Pero las denuncias no fueron planteadas.

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