Tres de cada cien casos de violencia contra la mujer posiblemente tenga alguna respuesta del sistema de justicia. De un volumen de 461 mil 528 casos, a noviembre de 2018 se había dado respuesta a 13 mil 626 de ellos, de acuerdo con el informe más reciente del Sistema Integrado de Justicia (SIJ).

Así, la impunidad en los casos que recibe la Fiscalía de la Mujer es del 97.5 por ciento, de acuerdo con el SIJ, una herramienta que recopila y analiza cifras oficiales, con el objetivo de presentar un diagnóstico de los delitos y su abordaje en el sistema de justicia.

Hay reclamos de justicia que suman años. Fátima, por ejemplo, suma nueve años sin que el Estado responda dónde está el agresor y padre del hijo que resultó de la violación, un catedrático universitario que logró protección ante la acusación de la adolescente.

La PNC asegura que se han realizado diligencias de investigación para la captura de Eduardo Santiago López, el sindicado por la violación de Fátima, pero, amparados en la confidencialidad, no precisan por qué no lo han presentado ante la justicia.

En el siguiente eslabón de la cadena de justicia está el Ministerio Público (MP) que no da respuesta al 97 por ciento de las denuncias, según los datos del SIJ. Se buscó la opinión de la Secretaria de la Mujer del MP, Lucrecia Vásquez, que ofreció atender, pero no respondió las llamadas.

RETARDO

Y en los juzgados, el caso de Luis Hernández Azmitia le pone rostro a decenas de procesos en los que las víctimas no obtienen de manera oportuna las medidas de seguridad en contra de sus agresores.

La entonces esposa de Hernández Azmitia obtuvo una orden de alejamiento hasta diez días después de su denuncia, mientras el congresista sí las tuvo de inmediato.

La agenda del Juzgado de Turno de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer usualmente está llena. Un proceso penal por violencia contra la mujer puede durar entre 30 y 233 días; y, en los de violencia sexual, entre 30 y 400 días, de acuerdo con el SIJ.

El presidente de la Cámara Penal, Josué Baquiax, durante una entrevista con este medio, indicó que por respeto a la independencia judicial, la Corte Suprema de Justicia no puede interferir en las decisiones judiciales. Al señalar que no se trata de sus resoluciones, sino del manejo de su agenda, Baquiax insistió en la independencia.

EN DEUDA CON LAS VÍCTIMAS

Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, señala la falta de comprensión que las víctimas enfrentan en el sistema. “Muchas veces, el testimonio de las agraviadas no es tomado en cuenta, en casos de violencia sexual, se insiste en probar si existió o no consentimiento”, señala.