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Nacionales

TSE analiza denunciar a quienes expresen que hubo fraude electoral


El abogado Mario Fuentes Destarac señaló que no existe ningún delito o falta en la expresión del pensamiento.

 

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) analizan presentar denuncias en contra de las personas que manifestaron públicamente que hubo un fraude electoral en la primera vuelta de los comicios generales del pasado 16 de junio.

El magistrado Jorge Mario Valenzuela dijo ayer en la reunión con fiscales de los partidos políticos que luego de que el MP concluya con las diligencias, presentarán acciones penales contra quienes hayan “gritado fraude sin tener pruebas”.

La Fiscalía Contra Delitos Electorales y la Fiscalía Contra la Corrupción investigan irregularidades en la digitación de los resultados de los comicios y la contratación de sistemas informáticos. De acuerdo con Valenzuela, el trabajo del MP “va a determinar que el TSE no tiene relación con los hechos que personas cobardes nos atribuyen”.

Los señalamientos de fraude electoral surgieron tras reportes de inconsistencias en la digitación de las cantidades de votos y las actas emitidas por las Juntas Receptoras de Votos.

INCONSTITUCIONAL

El presidente del TSE, Julio Solórzano, comentó que las acusaciones de fraude electoral perjudican el proceso y de presentar las denuncias, será el MP el que decidirá si es factible o no establecer la individualidad de los sujetos que hacen esas declaraciones y analizar si constituyen o no delitos.

Agregó que la prioridad del pleno es oficializar los resultados electorales. “Todas esas situaciones son paralelas al proceso electoral y lo vamos a analizar”, manifestó Solórzano.

En opinión del abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, no existe ningún tipo de delito o falta en la expresión del pensamiento tal como lo establece la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.

Destarac explicó que, anteriormente, el Código Penal contemplaba el delito de desacato que sancionaba con cárcel a quien incurriera en injuria o calumnia contra un funcionario, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la normativa en 2005 y la declaró inconstitucional.

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

El Artículo 35 de la Carta Magna detalla que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

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