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Nacionales

Guatemala retrocedió diez años en la lucha contra la corrupción


En 2018, la impunidad fue de 97.61 por ciento; en 2015, alcanzó el punto más bajo con 92.40 por ciento.

 

 

“Hay probabilidades mucho más altas de morir, de caernos de un avión, que de recibir justicia en Guatemala”, señaló en forma retórica la politóloga Alejandra Morales, integrante del equipo que participó del diagnóstico del Sistema Integrado de Justicia (SIJ) y los diálogos por el fortalecimiento de la justicia y el combate de la impunidad.

El planteamiento de Morales se basa en que la impunidad a nivel República llegó a 97.61 por ciento en 2018, de acuerdo con los datos oficiales que recopiló el SIJ. Esto quiere decir que, de cada diez denuncias que los ciudadanos presentaron al Ministerio Público (MP), solo dos llegaron a alguna salida, como la desestimación, archivo, o sentencia, entre otras respuestas.

El índice de la corrupción regresó a los niveles de hace diez años, luego de que en 2015 alcanzó el punto más bajo (92.40) cuando se revelaron los casos de corrupción que motivaron a miles de ciudadanos a pedir la renuncia de funcionarios del Estado.

El estudio de la situación es una iniciativa promovida por la CICIG con apoyo de la Cooperación Alemana. A la presentación no asistieron altos funcionarios de la cadena de justicia: MP, OJ, Inacif, Gobernación o la Defensa Pública.

Por videoconferencia, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, manifestó que tras la judicialización de los grandes casos de corrupción, se trabajó en la formulación de propuestas de reformas legislativas y políticas públicas para modernizar el sistema de justicia, que hoy en día carece de mecanismos de interlocución y planificación.

Por eso, el SIJ propone la integración de las instituciones para que crezcan de forma armoniosa y no se generen los cuellos de botella actuales, porque el MP y el OJ han crecido más que el Inacif, detalló el oficial político de la CICIG, Luis Pineda.

Por otra parte, los diálogos convocados en diferentes regiones aportan conclusiones como la necesidad de cambiar el modelo para el nombramiento de los jueces, y de esa forma garantizar su independencia.

“Estamos a las puertas de la elección de Cortes y si no tenemos cultura de legalidad todo se puede comprar”.

Eleonora Muralles, directora de FADS.

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Otros casos de corrupción sonados sucedieron en la Universidad de San Carlos de Guatemala –Usac– en donde varios rectores y decanos fueron señalados con el dedo acusador.

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