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Nacionales

Ligados a proceso piloto de bus y madre de niña fallecida en accidente de tránsito


La víctima, de 12 años, perdió la vida en choque ocurrido anoche en la avenida Reforma.

 

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El Juzgado de Primera Instancia Penal ligó a proceso por homicidio culposo y lesiones culposas al piloto de bus urbano Sergio Gómez Gómez, involucrado en un accidente de tránsito en el cual anoche murió una niña de 12 años.

La judicatura también ligó a proceso a María Cristina Hernández, madre de la menor, por homicidio culposo. Ambos fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) en la escena del hecho vial ocurrido en la avenida Reforma y 12 calle de la zona 9.

Sin embargo, se les otorgó arresto domiciliario con la prohibición de salir del país y la obligación de acudir una vez al mes al Juzgado Quinto y a la Fiscalía de Delitos contra la Vida. El conductor debe pagar caución de Q3 mil para recuperar la libertad provisional.

Hernández y su hija tripulaban una motocicleta que chocó con una unidad de la ruta 40R. La niña murió en el lugar debido al impacto. El Ministerio Público (MP) tendrá tres meses para realizar la investigación y determinar la responsabilidad de los dos sindicados.

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‘“… La Ley de Amparo establece que ‘si el solicitante del Amparo no puede firmar, lo puede hacer por él otra persona o el abogado que auxilia (inciso i del Artículo 21)’. Es fundamental que quede claro que la Ley no exige que el solicitante se encuentre en territorio nacional para plantear un amparo y que en caso de que el solicitante no pueda firmar, lo puede firmar el abogado que auxilia. En los amparos donde no he podido firmar las solicitudes, por no estar en Guatemala o por otra razón, lo hizo por mí el abogado que me auxilió en cada caso. He cumplido con todos los requisitos que exige la Ley, para solicitar amparos y la Corte de Constitucionalidad no me puede pedir requisitos distintos a los que están específicamente definidos en el Artículo 21 de la Ley de Amparo. Los magistrados Roberto Molina, Dina Ochoa, Leyla Lemus y Rony López pretenden violar mis derechos, ordenar mi persecución penal y pretender que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala me sancione, a pesar de que he cumplido estrictamente la ley…”’, Alfonso Carrillo, jurista guatemalteco disidente, objeto, como otros, de una obvia y burda ‘vendetta’ política.


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