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Nacionales

Partido Unionista postula a cuestionado militar como candidato a diputado


Óscar Germán Platero Trabanino tuvo un paso fugaz por la Digici en 2015, de la cual fue subdirector durante seis días. Fue destituido por los señalamientos en su contra.

 

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Platero Trabanino es un capitán de artillería en condición de retiro, pero se le conoce por su paso como elemento de inteligencia destacado en la Zona Militar de San Marcos en la época del conflicto armado interno. Durante el gobierno de Óscar Berger, fue jefe de Seguridad de Aduanas en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) donde fue señalado de crear un cuerpo de inteligencia, por lo que también fue destituido; pese a los cuestionamientos en su contra, se encuentra inscrito como candidato a diputado con el Partido Unionista (PU).

Según la resolución del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Platero Trabanino ocupa la primera casilla de aspirantes a legisladores en el distrito de Huehuetenango con el PU, la organización liderada por el actual congresista Álvaro Arzú Escobar, hijo del exalcalde Álvaro Arzú Irigoyen, fallecido en abril de 2018.

Platero Trabanino es un detractor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fue vicepresidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), y el año pasado recolectó firmas para pedirle al Congreso la destitución del procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas.

La activista de derechos humanos Helen Mack recuerda que a Platero Trabanino se le acusó de sustraer información de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) en noviembre de 2015, cuando fue nombrado como subdirector por la entonces ministra de Gobernación Eunice Mendizábal. Pero dicho nombramiento fue dejado sin efecto tras las críticas que recibió el gobierno en ese entonces.

Mack cuestionó la “falta de idoneidad y honorabilidad” del candidato, y señaló que el TSE ha sido “errático” para revisar los perfiles de quienes se postulan a cargos públicos. elPeriódico buscó la versión de Platero Trabanino para esta nota, pero no respondió las llamadas al número telefónico proporcionado por el PU.

EL OPERADOR ANTI CICIG

Otro de los personajes políticos que buscan una diputación es Antonio Arenales Forno, actual embajador de Guatemala en Montevideo, Uruguay. Arenales Forno se convirtió en uno de los principales asesores del gobierno de Jimmy Morales en su estrategia para terminar con la CICIG. El diplomático, quien durante el gobierno de Otto Pérez Molina cerró los Archivos de la Paz, se posiciona en la segunda casilla del Listado Nacional con el partido Valor, que intentó postular sin éxito a Zury Ríos, hija del exgeneral golpista Efraín Ríos Montt.

En octubre pasado, Arenales Forno fue el encargado de representar a la administración de Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde señaló a la CICIG de haberse convertido en una “fiscalía paralela”, según una publicación de Plaza Pública.

El exdiputado Juan Santa Cruz Cu, antiguo militante del extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG), pretende volver al Congreso. Esta vez lo hace en la primera casilla de candidatos de Alta Verapaz con el partido Podemos.

Santa Cruz fue uno de los legisladores del FRG que fueron vistos el jueves 24 de abril de 2003, cuando simpatizantes de esa organización se manifestaron de manera violenta en la capital con palos y machetes, sin que la Policía interviniera, en contra de una decisión judicial que negó la inscripción de Ríos Montt como postulante presidencial. A este hecho se le conoce como Jueves Negro, porque durante estas protestas falleció un periodista mientras huía de una turba de correligionarios del FRG.

CANDIDATO INVESTIGADO

Otro militar en condición de retiro que busca ser diputado es el exdirector del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) Rudy Vinicio Pozuelos Alegría, quien se postula en el Distrito Central con la organización Podemos. Pozuelos Alegría es uno de los militares señalados por el Tribunal Tercero de Sentencia de ocultar pruebas sobre el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, perpetrado el 26 de abril de 1998. El exjefe del EMP, junto con otros militares, es investigado por una fiscalía especial.

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