Luego de haber permanecido internado durante unos seis meses en el Centro Médico Militar (CMM) recuperándose de afecciones de corazón, el general –retirado– Otto Fernando Pérez Molina ha conseguido que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptara y diera trámite a su queja contra el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, por no agendar una audiencia para conocer la solicitud de arresto domiciliario y otras medidas sustitutivas dentro del proceso La Línea.

Al expresidente (2012 – 2015) se le operó en septiembre pasado en un sanatorio privado capitalino para reemplazarle el cardiodesfibrilador ya que el anterior se había dañado, por lo que luego permaneció como paciente en el centro asistencial castrense hasta el miércoles 3 de abril anterior, día en que por orden del juzgador el Sistema Penitenciario (SP) le regresó a la cárcel preventiva habilitada para reos civiles en la Brigada Mariscal Zavala, zona 17.

La resolución de la instancia superior integrada por los magistrados Harold Estuardo Ortiz Pérez, presidente; Edwin Ruano y Santos Sajbochol Gómez, vocales, ordena al titular del Juzgado B de Mayor Riesgo que debe agendar la fecha y hora del procedimiento solicitado hace aproximadamente un año por César Saúl Calderón de León, defensor del exgobernante de 69 años de edad y quien en septiembre de 2025 renunció por el escándalo de defraudación aduanera.

Cooptación del Estado, otro de los procesos en que se vincula a Pérez Molina con actos de corrupción administrativa durante su inconcluso gobierno, sigue en primera instancia por lo cual deberá definirse si es enviado o no a juicio oral y público, junto a un grupo de exfuncionarios y personas particulares señaladas luego de investigaciones conjuntas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).