“El MP hizo un análisis de la querella y tipificó que el posible delito es abuso de autoridad, no violencia contra la mujer. La jueza que dictó las medidas de protección a favor de (Sandra) Torres no tiene competencia para seguir conociendo el caso, porque ella está delegada para conocer casos de violencia contra la mujer”, ha informado este martes Vera Guzmán, defensora de los fiscales Juan Francisco Sandoval Alfaro –jefe de la FECI– y Andrei Vladimir González Arteaga a quienes la candidata presidencial denunció y ello le valió recibir medidas de protección.

La abogada dijo que de eso fue notificada ayer por el Ministerio Público, luego que el miércoles 4 de abril la jueza de Turno de Femicidio, Susana Sabrina Salazar Escobar, prohibió a los dos funcionarios de la institución responsable de la persecución penal, “intimidar” o “perturbar” a la “agraviada” –abanderada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)– acercarse a su domicilio permanente o temporal, lugar de estudio o de trabajo, así como a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social.

Todo lo anterior también fue comunicado en oficio a la Dirección General de las fuerzas civiles de seguridad en cuanto a que –la beneficiada– “debe ser auxiliada por la Policía cuando ella lo requiera, en cualquier momento y lugar de la República de Guatemala”. No obstante, los afectados rechazaron haber incurrido en violencia contra la mujer por lo que apelaron la resolución. Asimismo, la abogada Guzmán recordó hoy que Salazar consultó al MP a dónde había sido enviada la querella planteada en contra de los dos fiscales y se le respondió que a Asuntos Internos.

“A mí me causa duda la oficiosidad de la juez en este caso”, insistió la defensora de Sandoval y González, denunciados por Torres tras la filtración de un audio en que se escucha a dos personas conversar de apoyos económicos para la campaña presidencial del partido en 2015 y que fueron ocultados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que lo califica como “financiamiento no registrado”, por lo que el MP solicitó a la Corte Suprema quitarle la inmunidad que como candidata adquirió al ser acreditada por el Registro de Ciudadanos (RC), pero el pedido se rechazó.

Acción Ciudadana sostiene

– Que las medidas se dieron a favor de Sandra Torres Casanova después de que el MP presentó un amparo para retirarle inmunidad por financiamiento electoral ilícito.

– Que la candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), acusó entonces a los dos fiscales de haber cometido violencia contra la mujer –ella misma–.

– Que la denuncia de Torres no encuadra en los supuestos establecidos en el Artículo 7 de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer.

– Que realmente todo lo que está actuando forma parte de una estrategia política que pretende obstaculizar la investigación en su contra por financiamiento electoral ilícito.

La audiencia por este proceso está programada para el 2 de mayo.