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Nacionales

La Línea: cuatro años sin juzgar a la supuesta estructura de defraudación


La Sala Primera de Mayor Riesgo ha tardado más de tres años en resolver apelaciones planteadas por los acusados en el caso.

 

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El 16 de abril de 2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el caso de defraudación aduanera denominado La Línea; sin embargo, cuatro años después, el proceso ha tenido más pausas que avances, muchas veces provocadas por la interposición de incidentes (acciones legales) de los sindicados.

En la carpeta judicial número 01074-2015-00115, los sindicados apelaron 49 resoluciones del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, y accionaron ante la Sala Primera de Mayor Riesgo en 26 ocasiones más; siendo el expresidente Otto Pérez Molina el que mayor recurrencia tiene en la presentación de acciones legales.

Pérez Molina, procesado por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, ha utilizado la asistencia de siete abogados para presentar sus incidentes, dentro de los cuales se encuentran dos recusaciones con las que buscaba separar al juez Gálvez del caso. La Sala tardó 71 días y 56 días, respectivamente, en resolver las dos recusaciones planteadas por el ex-Presidente.

Además, Pérez Molina –señalado de liderar junto con Roxana Baldetti la estructura– recurrió cinco veces a la Corte de Constitucionalidad (CC) para apelar por los amparos e inconstitucionalidades planteadas en contra de las disposiciones judiciales. Esas acciones fueron resueltas por los magistrados en un tiempo promedio de siete meses, según los registros del Organismo Judicial.

En total, Pérez Molina accionó 37 veces en el proceso por el que fue enviado a juicio en octubre de 2017.

Por su parte la ex Vicepresidenta –condenada a 15 años y medio de prisión en octubre pasado, por su vinculación en el fraude para la limpieza del lago de Amatitlán– accionó 10 veces contra las resoluciones de Gálvez. Uno de los incidentes fue la recusación con la que pretendía que el juez fuera separado del caso.

De esas acciones planteadas por Baldetti, seis fueron exhibiciones personales presentadas para garantizar su salud y seguridad, mientras se encontraba en la Prisión de Mujeres Santa Teresa.

MAYOR TIEMPO DE RESOLUCIÓN

Dentro del listado de recursos interpuestos por los acusados en el caso de defraudación aduanera, se encuentra una apelación planteada por Mario Antonio Cuevas Vidal –defensor del extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Giovanni Marroquín Navas–. Esa apelación tardó tres años y dos meses (1,156 días) en ser resuelta por la Sala Primera de Mayor Riesgo.

La Sala Primera de Mayor Riesgo también tardó más de tres años en conocer las apelaciones y amparo interpuestos por el exintendente de la SAT Omar Franco Chacón; la administradora de aduana central Karla Mireya Herrera España; el vista aduanero José Rolando Gil Monterroso.

RETRASO MALICIOSO

El juez Gálvez advirtió que las partes procesales presentan varios recursos con los que pretenden retrasar los procesos. “No sé qué ganan con estar retrasando el caso, ellos –los acusados– deberían ser los más interesados en que se resuelva su situación legal”, dijo.

Además, el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo anteriormente señaló a la ex vicemandataria de utilizar las acciones legales para retrasar el caso, al indicar que pareciera que existe una estrategia por parte de la defensa de dilatar el proceso y evitar que llegue a juicio.

Pendiente de conocer las pruebas

> El Juzgado de Mayor Riesgo programó hasta seis veces la audiencia para que Roxana Baldetti y Claudia Méndez presenten las pruebas que utilizarán durante el juicio por el caso La Línea. El resto de acusados ya presentaron las pruebas con las que se defenderán.

El grupo se apoderó de Q38 millones

El MP y la CICIG revelaron que la estructura de defraudación aduanera se habría apropiado de Q38 millones 853 mil 127.77, por el cobro de comisiones irregulares para permitir el paso a 472 contenedores por las aduanas del país.

La estructura interna estaba conformada por tramitadores y vistas de aduanas que realizaban el reajuste de las importaciones, para que el empresario cancelara menos impuestos y a cambio le cobraban una comisión ilegal. La mayoría de las comisiones, según la investigación, llegaron a manos de Pérez Molina y Baldetti.

El secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón fungía como el enlace entre la ex vicepresidenta y Giovanni Marroquín Navas, para trasladar las directrices a todos los implicados en la red, entre ellos, directivos de la SAT.

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