Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que Gustavo Herrera –operador del Partido Patriota (PP)– utilizó empresas fuera de plaza –off shore– y sociedades anónimas para la distribución del dinero obtenido en desfalco al Seguro Social.

La sociedad anónima Jekyll Propertiers, constituida en las islas Bahamas y en Guatemala, fue una de las entidades que recibió y transfirió el dinero proveniente del desfalco al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), según las pesquisas preliminares de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG.

Dentro del listado de personas beneficiadas por transacciones realizadas por Jekyll Properties se encuentra Conrado Arnulfo Reyes –ex fiscal general del MP– y Óscar Eugenio Dubón Palma –excontralor general de Cuentas–, quienes habrían recibido Q100 mil y Q350 mil, respectivamente.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, señaló que no se citó a todas las personas que recibieron dinero de las empresas vinculadas a Herrera porque el caso recién se presentó el pasado viernes, después de ser reactivado en 2017, por lo que continuarán con la investigación, para lo cual podrían solicitar más diligencias.

Por su parte, Reyes aseguró que no conocía a ninguno de los capturados el viernes pasado en los operativos relacionados al desfalco al IGSS, y que sin la fecha o el banco utilizado para la emisión del cheque que se le señala de recibir, no podía ofrecer más declaraciones, pero que quizás el dinero había sido el cobro de su trabajo como abogado.

“He ejercido por 29 años, no puedo recordar a qué dinero se refiere sin la fecha exacta y el banco con el que fue girado el cheque”, enfatizó Reyes.

Según las pesquisas, Jekyll Properties fue adquirida por el abogado Francisco Palomo –asesinado en 2015– y posteriormente Herrera fue incluido como firmante en la sociedad. Además, Herrera, asilado en Nicaragua y prófugo de la justicia, fue el más beneficiado con la sustracción de los Q350 millones del IGSS.

El clan de Los Herrera

> Gustavo Herrera –operador político del Partido Patriota– tiene orden de captura por el nuevo caso del desfalco al IGSS. Su hijo, Sergio Alfredo Herrera Acevedo, fue detenido el pasado viernes, mientras que Gustavo Adolfo Herrera Acevedo, su otro hijo, está pendiente de captura.

Del MP a la CC

Conrado Arnulfo Reyes,

> Fue nombrado como Fiscal General por el expresidente Álvaro Colom el 10 de junio de 2010; sin embargo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitieron un fallo que provocó que Reyes fuera destituido un día después de su designación.

> Carlos Castresana, exjefe de la CICIG, renunció cuando Colom nombró a Reyes como fiscal general. Anteriormente Castresana había declarado que Reyes tenía vínculos con estructuras criminales de abogados dedicados a las adopciones ilegales y el narcotráfico.

> En julio del año pasado, Reyes fue designado como representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la CC, para ocupar la plaza que Consuelo Porras dejó vacante para ser la encargada de dirigir la persecución penal. A pesar de ello, un amparo planteado por la Fundación Myrna Mack dejó en suspenso el nombramiento.

Ex-Contralor vinculado

Óscar Eugenio Dubón Palma

> Fue el primer Contralor General de Cuentas (CGC) tras las reformas a la Ley Orgánica de la institución. Dubón estuvo al frente de la Contraloría, entre 2002 y 2006; periodo en el que se gestó el desfalco millonario al IGSS.

> En 2004, Dubón Palma fue capturado en Nicaragua por acusaciones de lavado de dinero en Guatemala. Ingresó a Managua a bordo de una avioneta privada intentando escapar de los señalamientos de corrupción y por lo cual el Juzgado Quinto Penal giró la orden de captura en su contra.

> En esa época, la Superintendencia de Bancos denunció a Dubón porque fondos de la Contraloría fueron presuntamente destinados a una entidad que, posteriormente, los utilizó para financiar las campañas políticas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del Partido de Avanzada Nacional (PAN). El excontralor fue condenado a 17 años de prisión.