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Nacionales

Falta de coordinación ha impedido acciones del MP


La Fiscal General convocó a las instituciones de seguridad y justicia, así como del Ejecutivo, para crear estrategias de reacción.

 

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Seis órdenes judiciales de desalojo en áreas protegidas de Petén, Izabal y Alta Verapaz están pendientes de ejecutarse ante la falta de apoyo de las fuerzas de seguridad, según la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público (MP).

La ocupación de las áreas protegidas es apenas una de las muchas amenazas que asedian las zonas de conservación: se observa una multiplicación de pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves cargadas con ilícitos, la expansión de la ganadería y plantaciones, así como los incendios forestales, de acuerdo con esa fiscalía.

Cuando se pide apoyo al Ejército para la incursión en una zona que no puede ser habitada ni explotada, responden que solo pueden actuar bajo petición del Ministerio de Gobernación (Mingob), desde donde no se obtiene respuesta, explicó la jefa de la fiscalía, Aura López.

Fuentes informadas refieren que la resistencia del Ejército se debe a que hay coroneles o figuras políticas detrás de las ocupaciones ilegales.

La fiscal general, Consuelo Porras, señaló ayer, mediante un comunicado, que el MP tiene conocimiento de “graves hechos de depredación del patrimonio natural de la nación cometidos por estructuras criminales que operan en todo el país”.

MESA DE TRABAJO

Ante la situación, Porras convocó de forma urgente a las instituciones de los tres poderes del Estado, para que integren una mesa de trabajo de alto nivel con el fin de desarrollar, lo más pronto posible, estrategias para la persecución penal de los delitos que suceden en las áreas protegidas.

El Mingob no respondió a la petición de contraparte ni sobre la convocatoria del MP.

El Parque Nacional Laguna Lachuá, Alta Verapaz, y Punta de Manabique, Izabal, son algunas de las zonas críticas de depredación.

El personal a cargo de las reservas naturales está desprotegido, según relatos de fuentes que piden el anonimato. Un técnico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) fue secuestrado el martes, cuando verificaba un incendio forestal, y liberado hasta que su familia reunió y entregó los Q20 mil que exigían los ocupantes de una área protegida en Izabal.

Más exigencias

> La Fiscalía Contra la Narcoactividad también le ha pedido a la Fiscal General que se instalen mecanismos de coordinación con Gobernación, para evitar situaciones como la de Manchón Guamuchal, donde no se logró tener acceso a una avioneta supuestamente cargada con cocaína, por la falta de refuerzos policiales.

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