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Nacionales

Analistas: Porras agotó el beneficio de la duda


El MP debe dar una respuesta más ágil a los casos mediáticos, afirman expertos.

 

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El beneficio de la duda a favor de la Fiscal General se desvaneció con el señalamiento de retraso en el caso por financiamiento electoral ilícito que implica a la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres. Según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el caso estuvo listo desde septiembre de 2018 y asegura que presentarlo en febrero pasado no fue una “triquiñuela” política.

Mediante un comunicado, Porras recuerda que el MP es independiente y que ninguna autoridad puede darle instrucciones a ella ni a su personal. Además, indica que “se hicieron varias correcciones y se establecieron distintos análisis jurídicos” en torno al caso. Fuentes cercanas al expediente no dan crédito de tales opiniones jurídicas. Porras es la única que revisa casos, según lo afirmado por su secretario general, Rony López.

La ciudadanía le otorgó a la Fiscal General un beneficio de la duda generoso, más basado en la esperanza que en cuestiones objetivas, detalla la analista Mónica Leonardo. “Ese beneficio terminó al quedar en evidencia el retraso de un caso político, mientras que otros, concretamente el que tiene que ver con Thelma Aldana, parece no haberse sometido al mismo estudio”, señala.

En su comunicado, Porras asegura que no responde a tiempos políticos, pero las acciones del MP la contradicen, agrega Leonardo.

No menos de una docena de casos de alto impacto aguardan por respuesta, entre estos, el supuesto aporte del narcotraficante Marlon Monroy, alias el Fantasma, para Jafet Cabrera Cortez; los cheques que Fulanos y Menganos giró a favor de Patricia de Morales, esposa del Presidente; o la posible negligencia de las autoridades para responder ante la tragedia por la erupción del volcán de Fuego.

En la misma línea, el experto en procesos de reforma judicial, Marco Canteo, opina que ante la gravedad e impacto social que causan los casos conocidos públicamente, se espera una respuesta más ágil.

En cuanto a los últimos procesos que involucran a candidatas a elección popular, la situación para el funcionario público responsable de judicializarlos es más compleja aún, apunta Canteo, porque sus decisiones pueden ser interpretadas en uno o en otro sentido.

En lista de espera

> Los supuestos nexos entre el pastor evangélico Carlos Cash Luna y la narcotraficante Marllory Chacón.

> La gestión en el Fideicomiso Metropolitano de Manejo de Recursos Naturales y de Recreación, Cultura y Deporte (Marnrec); y del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) y Transporte de la Ciudad de Guatemala (Fidemuni).

> El uso de la SAAS para vigilancia y seguimientos ilegales de un activista y exfuncionarios, que involucran al exjefe de la Secretaría Jorge López Jiménez y a Armando Melgar Padilla.

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