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Nacionales

Cuatro aspirantes a diputados prestan servicios al Estado


Los aspirantes a cargos públicos deben presentar una declaración jurada en la que aseguran que no son contratistas del Estado.

 

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó las inscripciones de cuatro candidatos a diputados distritales postulados por los partidos Vamos y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a pesar de que tienen prohibición para ser legisladores porque proveyeron servicios públicos a entidades del Estado después del 10 de octubre de 2016, fecha límite establecida por el TSE para el veto a los contratistas estatales.

A los aspirantes de Vamos que les aplica la prohibición son: Larisa Hernández Álvarez, casilla 3 por Santa Rosa, a quien el TSE le pagó Q440 por transporte de digitadores electorales; Ignacio Arreaga Cifuentes, casilla 1 por Retalhuleu, quien también vendió servicios de alimentación y arrendó un salón al Tribunal por Q65 mil 730 y además vendió comida al Ministerio de Cultura por Q1,250, según Guatecompras.

Sergio Chiapas Rivera, candidato de Vamos en la casilla 3 por Quiché, arrendó maquinaria por Q550 a la Municipalidad de San Bartolomé Jocotenango, Quiché. Asimismo, Julio Ma Samayoa, en el segundo puesto del listado de Izabal con la UNE, le proveyó servicios de mantenimiento y pintura a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por Q5 mil 484.

De acuerdo con el criterio del registrador de ciudadanos del TSE, Leopoldo Guerra, los contratistas del Estado son quienes han vendido servicios públicos como arrendamiento de maquinaria y venta de materiales.

Las organizaciones civiles Jóvenes por Guatemala, Primero Guatemala y Guatemala Visible llevaron ayer una lista de 32 candidatos a diputados inscritos, quienes fueron señalados de tener prohibición para optar a dichos cargos; sin embargo, de este grupo de aspirantes solo cuatro encuadran en la prohibición establecida en la Constitución Política y en el Artículo 53 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

CUESTIÓN DE ÉTICA

El economista Ricardo Barrientos, del Icefi, y el consultor de Acción Ciudadana , Marvin Flores, coincidieron en que los prestadores de servicios públicos no tienen prohibición para ser diputados; sin embargo, esta condición los coloca en un conflicto de intereses.

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