De incurrir en retardo malicioso y malintencionado para evadir el cumplimiento de normas legales relativas al pago de una reparación colectiva por Q1 mil millones a comunidades que fueron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy –entre 1976 y 1985 en las Verapaces–, han ido acusados públicamente este martes el responsable de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), Jorge Luis Borrayo Reyes, el director de Política Pública relacionada con la planta, Carlos Enrique Acosta Ramírez, y sus respectivos asesores.

Los señalamientos son formulados por líderes de las poblaciones perjudicadas con la ejecución de la megaobra, y quienes encabezan un plantón frente a la Casa Presidencial en el Centro Histórico capitalino, donde esperan ser escuchados por funcionarios del Ejecutivo. Exponen, incluso en un comunicado distribuido a la prensa, que en su oportunidad se acordó que el gobierno cancelaría una virtual indemnización por la millonaria cifra mencionada, a hacer efectiva en el transcurso de 15 años, pero que a la fecha su ejecución ha sido de cero por ciento desde el 2016, por lo cual son ya cuatro años consecutivos de engaño a los pueblos.

“Este incumplimiento deriva de la falta de interés de la Copredeh para agilizar la aprobación del Reglamento para la Administración de Recursos Financieros destinados a la Reparación y Resarcimiento Colectivo”, indica el pronunciamiento, a pesar de que el Congreso de la República aprobó en el Decreto 25-2018 para este año la entrega de Q100 millones a los pobladores, lo cual no ha sido hecho efectivo como consecuencia de la falta de una reglamentación. La planta hidroeléctrica como tal está ubicada en jurisdicción municipal de San Cristóbal Verapaz.