De incurrir en retardo malicioso y malintencionado para evadir el cumplimiento de normas legales relativas al pago de una reparación colectiva por Q1 mil millones a comunidades que fueron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy –entre 1976 y 1985 en las Verapaces–, han ido acusados públicamente este martes el responsable de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), Jorge Luis Borrayo Reyes, el director de Política Pública relacionada con la planta, Carlos Enrique Acosta Ramírez, y sus respectivos asesores. Los señalamientos son formulados por líderes de las poblaciones perjudicadas con la ejecución de la megaobra, y quienes encabezan un plantón frente a la Casa Presidencial en el Centro Histórico capitalino, donde esperan ser escuchados por funcionarios del Ejecutivo. Exponen, incluso en un comunicado distribuido a la prensa, que en su oportunidad se acordó que el gobierno cancelaría una virtual indemnización por